CNM

SANTO DOMINGO. Instalado el nuevo Congreso, las miradas en el escenario político se enfocan hacia la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuya primera misión será la de elegir a los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), que cesaron el pasado 16 de agosto.

La oposición política, encabezada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ya propuso a sus representantes al Consejo Nacional de la Magistratura, como segunda mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, pero es el Poder Legislativo quien tiene la última palabra sobre quiénes serán los legisladores perremeístas que entrarán.

El cuadro de este importante Consejo ahora favorece al presidente Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues, además del propio Jefe del Estado, cuenta en su membresía con Lucía Medina, hermana del mandatario y presidenta de la Cámara de Diputados; Reinaldo Pared Pérez, secretario general y presidente del Senado; y Jean Alain Rodríguez, procurador General de la República, hombre de confianza de Medina y miembro del Comité Central del PLD.

Otros dos miembros son el presidente de la Suprema Corte de Justiciam (SCJ), Mariano Germán, y un juez de ese organismo.

Organizaciones de la sociedad civil y el PRM han tomado como bandera el tema de la conformación de las altas cortes con personas independientes, con lo que se busca presionar al PLD para que no las integre con personas de sus filas, utilizando su mayoría en el Senado, la Cámara de Diputados y el Consejo Nacional de la Magistratura.

El jurista Eduardo Jorge Prats explicó que sobre la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, en lo relativo a los representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, los partidos políticos proponen a sus representantes, pero es misión de cada cámara legislativa la elección de un representante perteneciente a partido o bloque de partidos distinto al del Presidente del Senado y de la Cámara de Diputados y que ostente la representación de la segunda mayoría, en los términos dispuestos por el artículo 178 de la Constitución.

“En caso de que exista más de un partido o bloque de partidos que constituya segunda mayoría, cada cámara legislativa es libre de escoger el representante de cualquiera de esas segunda mayoría, siempre y cuando sea de un partido o bloque de partidos diferente al presidente de la cámara y sea segunda mayoría”, argumentó.

Jugadas y golpes
En este punto se ha especulado sobre la posibilidad de que en el Senado, no sea el PRM la segunda mayoría, y para esto se ha llegado a comentar el círculos políticos de que un senador de los partidos aliados al PLD, pase a las filas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), lo que convertiría a ese partido en segunda mayoría, pues el senador de Sánchez Ramírez, Félix Vásquez, es miembro de ese partido.

Pero el PLD encabezó la alianza en esa provincia en las pasadas elecciones.

Pedro Alegría fue electo como senador de San José de Ocoa, en la boleta del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), partido aliado al PLD.

El PRM eligió a Josefa Castillo como su apuesta como segunda mayoría de la Cámara de Diputados, y a José Ignacio Paliza como su representante de segunda fuerza en el Senado.

Entretanto, los actuales miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas, que los escoge el Senado, así como los del Tribunal Superior Electoral, que los escoge el Consejo Nacional de la Magistratura, se mantienen en sus funciones hasta tanto sean designados sus sustitutos.

La evaluación y el proceso
El jurista José Alejandro Ayuso explicó que, para la elección de los miembros de organismos que les competen como, el Tribunal Superior Electoral, el Consejo Nacional de la Magistratura puede hacerlo de manera interna, o similar a lo que ocurrió con la conformación de las actuales altas cortes, mediante un esquema de recepción de aspirantes con un proceso de evaluación que fue televisado. Sobre la exigencia de organismos de la sociedad civil y su posible participación en el proceso de conformación de altas cortes, Ayuso consideró que esas presiones “son legítimas, legales no, la sociedad civil lo que quiere es miembros que no pertenezcan a partidos políticos, y eso es un reclamo válido”.

FUENTE