LA ROMANA. El juez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, Argenis García del Rosario, falló a favor del Ministerio Público un recurso de amparo que ordena el retiro de cuatro reductores de velocidad (policías acostados) que supuestamente habían sido colocados para limitar el desplazamiento de las autoridades próximo a un conocido punto de drogas en el sector Villa Verde, de esta provincia.
Los “policías acostados” habían sido habilitados en la calle Palo Hincado, cerca del punto de drogas de Los Gachos, los cuales -según la Fiscalía- permitían que los distribuidores de estupefacientes atacaran a tiros, pedradas y botellazos a los vehículos de la Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
La demanda fue incoada por los abogados Héctor Aníbal Santillán Faulkner y Bunel Ramírez Merán, en representación del Ministerio Público.
En tal sentido, la procuradora fiscal Reina Yaniris Rodríguez Cedeño expresó beneplácito por la sentencia del tribunal, debido a que los referidos reductores de velocidad “se habían convertidos de manera intencional en instrumentos para dificultar la lucha contra el tráfico y consumo de drogas”.
Asimismo, la fiscalizadora del Tribunal de Tránsito, Olga Lidia Coss, adujo que el fallo del juez Del Rosario da cumplimiento a la Ley de Tránsito que establece los requisitos para la instalación de los “policías acostados”, y que dicho caso no corresponde a la calle Palo Hincado del sector situado en la parte alta de la ciudad.
El Ministerio Público informó que durante la pasada gestión municipal el Concejo de Regidores había aprobado la colocación de dos reductores de velocidad en el referido lugar, pero que en franca violación de la disposición obreros del ayuntamiento habilitaron cuatro de manera sucesiva.
En una reunión reciente que sostuvieron Cedeño y Coss con el nuevo alcalde José Reyes, el ejecutivo municipal les garantizó que no tenía objeción para que dichos reductores sean removidos de la vía.
