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SANTO DOMINGO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía, encabezó este jueves la presentación de un conjunto de normas que regirán la política de igualdad para las personas con discapacidad en ese poder del Estado.

La “Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad”, aprobada por el CPJ, tiene como propósito reconocer los valores y derechos de las personas con esa condición y evitar su exclusión social, como parte de los compromisos firmados en la Cumbre Judicial Nacional, el 7 de octubre del 2016.

Germán Mejía encabezó la ceremonia donde fueron divulgadas las reglas sobre igualdad para las personas con discapacidad, en el Auditorio del Poder Judicial, con la presencia de jueces, funcionarios y otras personalidades.

El presidente del Poder Judicial señaló en la presentación que en la sociedad actual existe una tendencia a adaptar el entorno y los espacios públicos a las necesidades de las personas con discapacidad a fin de evitar su exclusión.

Apunta que a raíz de esa inquietud, el CPJ aprobó la Política de Igualdad de Género para las Personas con Discapacidad, la cual se inserta dentro del plan estratégico 2015-2019 del Poder Judicial, con el objetivo de mejorar y facilitar el acceso a la justicia.

Destaca que dentro de ese objetivo existen líneas estratégicas que hacen referencia a la eliminación de las barreras que dificultan dicho acceso y que constituyen obstáculos para el pleno ejercicio de derechos de las personas en condición de vulnerabilidad y/o discapacidad.

“El contenido de esta política refleja el compromiso que asume el Poder Judicial con el respeto de los derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación por razones de discapacidad, de equiparación, de prioridad absoluta, de la no violencia, de accesibilidad y de autorepresentación, entre otros”, señala.

Afirmó que el Poder Judicial, a través de todas sus dependencias y tribunales, asume el compromiso de eliminar toda restricción, limitación u obstáculo que sean consecuencias de la interacción del ser humano con un medio físico y solicita el apoyo de la sociedad dominicana en esta iniciativa.

Por su lado, la licenciada Iluminada González, directora de la Difnag aseguró que la Política de Igualdad para Personas con Discapacidad está basada en instrumentos nacionales e internacionales que establecen la obligación del Estado dominicano a favor del acceso a la justicia de todas las personas.

En tanto, el licenciado Magino Corporán, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), aseguró que con esta iniciativa, el Poder Judicial dominicano ha dado un gran paso de avance en el cumplimiento de los convenios internacionales sobre las personas que viven con alguna discapacidad.

El protocolo de la Política de Igualdad señala que la equidad es uno de los principios fundamentales de todos los instrumentos de derechos humanos, constituyéndose en una herramienta para la justicia social.

Plantea que para el Poder Judicial es un desafío la garantía de los derechos judiciales de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, dado que esta población figura entre los miembros más vulnerables de la sociedad, y por tanto son ellos los más llamados a beneficiarse de las medidas orientadas a incluirlos, a protegerlos contra los malos tratos y a asegurar su acceso a la justicia.

República Dominicana cuenta con la Ley núm. 5-13, que establece la No Discriminación por Motivo de Discapacidad.

Este protocolo contiene varios principios, como son el de Igualdad y no Discriminación por razones de Discapacidad; Principio de Equiparación; Principio del Respeto a la Diversidad; Principio del Interés Superior del Niño, Niña y Adolescentes; Principio de Prioridad Absoluta; Principio de la No Violencia; Principio de la Accesibilidad; Principio de Vida Independiente, y Principio de Autorepresentación.

Según esta obra que se pone en circulación, existen dos marcos normativos respecto a la discapacidad, que son el Marco Normativo Internacional y el Marco Normativo Nacional.

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) formará a servidores judiciales en la lengua de señas para que puedan fungir como intérpretes judiciales, y desarrollará material didáctico relacionado con los derechos de las personas con discapacidad.

Las palabras de apertura de la puesta en circulación las pronunció el magistrado Leonardo Recio Tineo, miembro del Consejo del Poder Judicial, en tanto que la presentación estuvo a cargo de la licenciada Iluminada González, encargada de la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género del Poder Judicial (DIFNAG), y las palabras de motivación las enunció el licenciado Magino Corporán, presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS).

En la actividad estuvieron presentes las juezas de la Suprema Corte de Justicia Esther E. Agelán Casasnovas y Sara I. Henríquez Marín; además los consejeros Etanislao R. Rodríguez y Leonardo Recio Tineo, así como funcionarios judiciales.

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