Pagó más de 3 millones a su padre y a una hermana
La auditoría reflejó que durante el período auditado se descubrió que el ayuntamiento pagó RD$2,220,000 a Francisco Peña Tavares, padre del alcalde, por ser director del cuerpo de asesores, y a la hermana Nilfa Masielle Peña Pérez, directora de iglesias y cultos por RD$1.08 millones.
Ambos empleados recibieron un total de RD$3.3 millones desde el 1ro de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013.
También se observó que el Ayuntamiento recibió pagos en efectivo, durante el periodo auditado, que oscilan entre RD$ 50,000 y RD$400,000, comprobándose que no cuenta con una póliza de fidelidad que permita salvaguardar el efectivo contra pérdida o robo.
“Mediante análisis a los desembolsos realizados por concepto de gastos de representación, primas por transportes y dietas a regidores, no se evidenció la liquidación de estos gastos, ni que los mismos hayan sido empleados para la operatividad y/o actividades de la entidad.
Asimismo, verificamos que tampoco fueron considerados como adiciones al sueldo de los beneficiarios, por lo que se generó una diferencia en el cálculo para la retención del impuesto sobre la renta”, dice el informe.
No pagaron el fondo de los trabajadores de la construcción
Asimismo se verificó que el Ayuntamiento realizó pagos a favor de los contratistas, sin aplicar la retención del 1 % para el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, y sin evidenciar la presentación de los documentos que avalen el pago posterior por parte del contratista a la entidad correspondiente. Este fondo dejó de percibir por este concepto RD$417,409, durante el período auditado .
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) realizó una auditoría a la gestión que encabeza el alcalde Francisco Peña hijo (Francis) al frente del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2013, en el que encontró debilidades, por omisión o incumplimiento de políticas y procedimientos para realizar procesos en actividades fundamentales.
Ausencia de arqueos periódicamente a efectivo en caja y banco; cheque en tránsito con más de seis meses de su emisión; recibos de ingresos sin evidencias de los documentos justificativos correspondientes; manejo de efectivo sin póliza de fidelidad; empleados con lazos de consanguinidad; desembolsos por concepto de gastos de representación, primas por transporte y dietas a regidores, sin evidencia de su liquidación ni adición al sueldo, fueron algunas de las irregularidades encontradas por los auditores de la Cámara de Cuentas.
Según los auditores al analizar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes servicios municipales, regalía pascual, educación género y salud se verificaron al 31 de diciembre de 2013 cheques en tránsito con más de seis meses de emitidos por un monto de 187, 517 pesos.
Asimismo, los auditores destacan que el cabildo recibió ingresos correspondientes a los periodos 2012 y 2013 por montos de 153,929,270 pesos (73.5 millones en el 12 y 80.4 millones en el 13) por concepto del impuestos del 3 % por parte de la compañía Edesur, los cuales carecen de los documentos que justifiquen los montos facturados a dicha empresa.
Durante ese período la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó a los auditores que durante el período auditado no ha suministrado ningún documento relacionado con el cobre del 3 %.
También encontró un contrato suscrito con Nicauly de la Mota por concepto de producción de un concierto navideño en diciembre de 2011 por 170,000 pesos, pagados con cheque firmado de orden por la directora de Iglesias y Cultos, Maciel Peña y no por el alcalde, sin evidenciarse la autorización de la administración.
Se encontraron además errores de codificación y registro de transacciones. En los recibos de ingresos, el cabildo registró de forma inadecuada durante el 2011, en la subcuenta 4,146,324 pesos correspondiente al pago del impuesto del 3 % por parte de Edesur.
Además, la Cámara de Cuentas verificó que el cabildo desembolsó un monto ascendente a 249,324 pesos por concepto de almuerzos del programa de labor social y alimentos para madres solteras sin la cantidad de cotizaciones requeridas. También verificó que en el año 2011 el cabildo fraccionó compras para no cumplir por el mandato de la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.
Los auditores destacan que durante el análisis a una muestra de los expedientes de contratos para la adquisición de bienes, servicios y obras, durante el periodo auditado (enero 2011-diciembre 2013) no se evidenció la presentación de las garantías correspondientes al avance y de vicios ocultos, por parte de los contratistas. Los contratistas debieron depositar por estos conceptos RD$ 5,219,182, equivalente a los RD$ 26,095,914 contratados. Mientras que por las pólizas de garantías de vicios ocultos el cabildo dejó de percibir RD$ 9,320,033.
También, dice la auditoría, se verificó que el cabildo no requirió a los contratistas la presentación de la garantía de fiel cumplimiento. Por este concepto a las cuentas del ayuntamiento no entraron RD$ 8,939,421.
Asimismo, que el cabildo suscribió un contrato para el alquiler de un camión recolector de residuos sólidos por 25 mil pesos mensuales, sin establecer el tiempo de duración o vigencia de dicho contrato.
La auditoría detalla que el cabildo suscribió contratos de supervisión de obras y de publicidad por un período mayor a los 12 meses. El primer fue suscrito con Leonardo Peralta Díaz, supervisor y fiscalizador de obras, por dos años y ocho meses, por un monto de RD$ 225,000 y de publicidad para apoyo estratégico y activación campaña institucional con Pablo Ross Gómez por tres años y un monto de RD$2,250,000.
La Contraloría General de la República establece que los contratos por concepto de servicios prestados con personas físicas, deberán tener una vigencia no mayor de 12 meses.
El ayuntamiento suscribió contratos por diferentes conceptos, con suplidores que no evidenciaron su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores del Estado cuando la ley establece que deben estar inscritos en el registro de proveedores.
Los auditores también verificaron que ni el alcalde, regidores, ni funcionarios responsables de administrar el ayuntamiento han presentado su declaración jurada de bienes por ante el organismo correspondiente. El documento cita al alcalde Francisco Peña Pérez, Asdrúval Montilla Valdez, contralor; Julio Labata Rodríguez, director administrativo; Cleuddys Pimentel Tapia, directora financiera; Arsenio Geraldino, contable; Arelis de la Cruz, tesorera, además de los 15 regidores.
Los auditores contactaron además que el ayuntamiento inició obras sin evidenciarse una planificación adecuada y la realización de estudios de planificación, pre-inversión y factibilidad.
También los auditores verificaron que no fueron incluidos en la partida de los gastos indirectos en los presupuestos, las retenciones correspondientes al 1×1000 a favor del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) por 80,218 pesos.
Asimismo se verificó que el ayuntamiento realizó pagos a favor de los contratistas, sin aplicar la retención del 1 % para el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción y sin evidenciar la presentación de los documentos que avalen el pago posterior por parte del contratista a la entidad correspondiente. Este fondo dejó de percibir por este concepto, durante el período auditado 417,409 pesos.
Se observó además que el ayuntamiento realizó pagos por concepto de partidas que se encuentran presentadas con precio alzado en las cubicaciones, sin evidenciar los detalles que justifiquen esos precios pagados.
Conclusiones
Los auditores concluyeron que la estructura de control interno del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste presenta debilidades por omisión o incumplimiento de políticas y procedimientos para llevar a cabo procesos en actividades fundamentales.
Recomendaciones
En sus recomendaciones la Cámara de Cuentas explica que le corresponde al alcalde instruir al personal bajo su mando para que las recomendaciones que hicieron en cada uno de los casos sean aplicadas y mantener un control adecuado en la ejecución de las referidas recomendaciones.
