NUEVA YORK – Organizaciones y líderes neoyorquinos reaccionaron contrariados ante la decisión de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans que mantiene el bloqueo a los alivios migratorios propuestos por el presidente Barack Obama.
Melissa Mark-Viverito, presidenta del Concejo Municipal, dijo sentirse extremadamente decepcionada. “El Congreso ha fallado en promulgar la reforma migratoria comprensiva, es algo que el presidente impulsó según sus poderes para dar una opción humanitaria a millones de inmigrantes con raíces en este país”.
El concejal Carlos Menchaca argumentó que el asunto no debe ser un tema político, sino de derechos humanos. “Esa decisión no nos detendrá en nuestro deseo de resolver la muy necesaria implementación del DAPA. Estamos comprometidos con los miles de neoyorquinos indocumentados para conseguir el alivio”.
El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, fue otro que manifestó su inconformidad. “Al dar la autorización de trabajo a las personas que ya viven aquí, podemos aumentar los ingresos fiscales de los estados y reducir la demanda de servicios sociales. La negación de hoy de una solicitud para una estancia deja a muchos inmigrantes en un estado de limbo”.
Pese al ambiente de decepción, Steven Choi, director de la organización New York Immigration Coalition, se mostró optimista sobre el pronunciamento que hará el tribunal en julio. “La ley estará de nuestro lado y el alivio migratorio será constitucional. Aunque el sistema legal se mueve más lento que lo que quisiéramos, sabemos que muy pronto los inmigrantes podrán solicitar el DACA y recibir el alivio que merecen.
En la misma línea se expresó Javier H. Valdés, co-director de Make the Road New York. “Esto es un golpe, pero tenemos confianza que nuestro lado prevalecerá y el DAPA será implementado en su totalidad.
Un panel de tres jueces del tribunal falló, este martes, a favor de los 26 estados que entablaron una demanda contra la puesta en vigor de la extensión del programa de “acción diferida” para Dreamers (DACA) y DAPA, para los padres de los estadounidenses y residentes legales.
La decisión afecta hasta a 5 millones de indocumentados en EEUU.
