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“Echar gasolina al fuego”.

Para eso servirá la última decisión de Donald Trump en materia migratoria: acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés), un amparo mediante el cual desde 2001 cerca de 200,000 inmigrantes de El Salvador tienen permitido residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Así lo dice José Miguel Cruz, el director de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (LACC) de la Universidad Internacional de Florida, en EEUU.

Según el que fuera director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, el fin de este mecanismo no hará más que “profundizar la crisis” de un país sumido ya en la emergencia social, “haciendo su resolución mucho más improbable y, en cualquier caso, más lejana”.

Y cree que se puede hacer un paralelismo con el inicio de los 90, cuando EEUU inició una política de deportaciones que provocó que miles de salvadoreños, convertidos en pandilleros en Los Ángeles y otras ciudades, regresaran al país del que habían escapado durante la guerra.

Aquello abonó el terreno del que nacería el monstruo que aterroriza hoy a la región.

Y de la misma manera, Cruz, un experto en pandillas centroamericanas, considera que las posibles deportaciones masivas tras el fin del TPS harán crecer aún más el fenómeno. Y no solo en El Salvador. También en Estados Unidos.

 The Washington Post y The New York Times reportaron hace unas horas que, durante una reunión con senadores demócratas y republicanos, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no debería recibir inmigrantes de países de mierda” como Haití, El Salvador o las naciones africanas sino de otros como Noruega. El mandatario negó después haber empleado ese término, aunque reconoció que usó un lenguaje “duro” para referirse a esos países. ¿Qué opinión le merece la polémica?

Muestra de forma clara el carácter racista del presidente de Estados Unidos y de sus políticas antiinmigración, las cuales son compartidas y promovidas por buena parte del Partido Republicano.

El lunes, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció que en base a una cuidadosa consideración de la información disponible, incluso recomendaciones recibidas como parte de un proceso de consulta entre agencias, la secretaria (Kirstjen M. Nielsen) determinó que las condiciones causadas por el terremoto de 2001 ya no existen. Por lo tanto, bajo la ley aplicable, la designación en base al TPS actual debe terminar”.Pero ¿es esa la verdadera razón para acabar con este amparo migratorio que beneficiaba a unos 200,000 salvadoreños?

Es obvio que esa no es la razón. El motivo fundamental es la política antiinmigrantes de la administración Trump.

De hecho, en los últimos años, para renovar el TPS se ha argumentado justo lo opuesto: que a pesar de que se superaron las consecuencias del terremoto de 2001, la situación en El Salvador, por el crimen y la inseguridad, es muy precaria. Es más, ese fue precisamente el argumento utilizado para extender el TPS hace apenas 18 meses. Y las cosas en El Salvador no han cambiado desde entonces.

Lo anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional es una formalidad para hacer coherente esta decisión con la política que bloquea la migración hacia EEUU y con la política para expulsar a los migrantes que ya están en el país.

Era una decisión que ya se esperaba, en vista de las tomadas en relación a los haitianos y nicaragüenses —el fin del Estatus de Protección Temporal para ciudadanos procedentes de Haití y Nicaragua se anunció en noviembre—. Y el TPS para los hondureños se ha postergado, pero nadie que siga de cerca la política de la administración Trump espera que el resultado vaya a ser distinto.

El año pasado Trump culpó precisamente a la “débil política de inmigración ilegal de Obama” de la expansión en EEUU de la Mara Salvatrucha 13. ¿Pero disminuirá con el fin del TPS la incidencia de esa pandilla o del Barrio 18 en territorio estadounidense?

Es algo difícil de anticipar, pero creo prudente decir que el fin del TPS no ayudará a combatir el problema de las pandillas en Estados Unidos. Lo que hará será generar mucha inestabilidad dentro de las comunidades de inmigrantes salvadoreños y centroamericanos en EEUU Buena parte de las comunidades en las que se insertan los pandilleros están compuestas por migrantes, no necesariamente ilegales.

Así que, que el estatus que los protegía de la deportación haya terminado hará que se distancien mucho más de las instituciones públicas y agencias policiales que pueden protegerlos de las pandillas locales.

Y la consecuencia a mediano plazo de eso es que las pandillas locales de EEUU se fortalecerán porque las comunidades no colaborarán con las agencias que las combaten. Y es sabido que para poder combatir el crimen de pandillas se necesita que las comunidades trabajen de la mano con las instituciones públicas y policiales.

En su explicación de por qué se dio fin al TPS, el Departamento de Seguridad Nacional también señaló: “El gobierno de Estados Unidos ha estado deportando a personas a El Salvador —más de 39,000 en pasados dos años— lo que demuestra que la incapacidad temporal de El Salvador para acoger adecuadamente a sus nacionales luego del terremoto ha sido corregida”. ¿Es eso cierto?

No, de ninguna manera. El hecho de que hayan expulsado a 39,000 salvadoreños no significa que hayan sido bien recibidos en El Salvador. Esa cifra no refleja la capacidad de El Salvador para absorber a esa población, sino el esfuerzo que hace Estados Unidos por expulsarla.

Para ver que El Salvador no está en condiciones para “acoger de manera adecuada” a los deportados no hay más que fijarse en los datos socioeconómicos.

Es uno de los países más pobres de Latinoamérica, con una de las tasas más altas de endeudamiento, con una deuda pública de más del 60% del PIB. Es el que tiene el crecimiento económico de la región, de menos del 2% anual; las proyecciones para el cierre de 2017 eran del 1,7%.

Y sus niveles de desigualdad son impresionantes. Por lo tanto, está claro que El Salvador no tiene la capacidad de absorber a los deportados.

Además, siempre ha tenido problemas de sobrepoblación. Es el país continental con más habitantes por metro cuadrado. Y ahí hay un reto clarísimo.

¿Qué pasará entonces con los cerca de 200,000 salvadoreños acogidos hasta ahora al TPS?

Mira, en vista de las condiciones actuales de El Salvador, tienen muy pocas opciones de que se puedan integrar allí. Las oportunidades ya son limitadas para los que están en el país y nunca salieron de él, así que para los recién llegados será aún más difícil.

Ante esa perspectiva, creo que la mayoría de los que pierdan el TPS se quedarán indocumentados en EE.UU.

Y es que El Salvador no constituye ya una opción, no solo en términos económicos, sino al nivel más básico de supervivencia. Es uno de los países con la tasa de violencia más alta del mundo, por lo que para los salvadoreños que ahora están en EEUU volver a su país de origen es una amenaza a su supervivencia.

¿Aumentarán las deportaciones y con éstas el problema de las pandillas en El Salvador?

Sí, sin duda. Y con esto no quiero criminalizar a los más jóvenes, pero es posible que terminen engrosando las filas de las pandillas porque no encuentran otra opción. Ese es el problema de la juventud en El Salvador, que las pandillas son en muchas comunidades el único grupo de referencia para ella.

Así que, con el aumento de los deportados, es lógico pensar que el fenómeno va a crecer aún más. Más teniendo en cuenta que los que crecieron en Estados Unidos se sentirán aún más aislados en El Salvador.

La MS-13, al igual que el Barrio 18, surgieron en la segunda mitad del siglo pasado en Los Ángeles y se implantaron en Centroamérica a inicios de los 90, cuando Estados Unidos inició una política de deportaciones que provocó que miles de salvadoreños regresaran, convertidos en pandilleros, al país del que habían escapado durante la guerra. Y eso fue lo que sentó las bases del fenómeno que hoy aterroriza la región. En ese sentido, ¿se podría hacer un paralelismo entre aquellas deportaciones y las que hoy se prevén tras el fin del TPS?

Sí, se puede hacer un paralelismo con los 90 y las deportaciones que sentaron las bases de aquello en lo que se convertirían después las pandillas.

Hoy la situación en El Salvador es muy cercana al desastre social. Puede sonar muy alarmista, pero así es en muchas comunidades.

Y la deportación masiva será el último empujón a una situación que ya es muy crítica, sobre todo por la incapacidad de las instituciones para buscarle una solución. Éstas han fracasado en generar políticas que puedan resolver la situación y no hay razón para pensar que cambiarán de rumbo.

Esta decisión, la de poner fin al TPS, lo que va hacer es echar gasolina al fuego. Ya existe una situación de emergencia en Centroamérica y esto no hace más que profundizar la crisis, haciendo su resolución mucho más improbable y, en cualquier caso, más lejana.

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