El suspendido alguacil de Carolina del Sur, James Metts, fue sentenciado hoy a doce meses de prisión, dos años de supervisión, y el pago de $10,000 de multas por recibir sobornos a cambio de mantener fuera de la cárcel a indocumentados.
El juez federal, Terry L. Wooten, dijo hoy al oficial durante su comparecencia en la corte federal de Columbia, capital del estado, que lo que había hecho “era muy grave” al violar la confianza de la ciudadanía.
Metts, exalguacil de Carolina del Sur con 42 años de carrera, y uno de los más respetados agentes del estado, fue acusado el pasado mes de junio por el Departamento de Justicia (DOJ) de aceptar sobornos para interferir en el procesamiento de ciertos indocumentados.
En noviembre de 2011, Metts aceptó un sobre con dinero en efectivo del dueño de varios restaurantes mexicanos para dejar en libertad a uno de sus empleados, que era un indocumentado, tras ser arrestado por conducir imprudentemente y sometido luego al programa 287g que identifica a los indocumentados en la cárcel de Lexington, al norte del estado.
Al salir de la corte, Metts declaró a los medios que estaba “decepcionado por la decisión del juez” pero que no la cuestionaba y resaltó que servirá su tiempo en prisión federal.
Hasta el momento se desconoce el lugar y el día que el exagente del deber comenzará su sentencia.
Por su parte, el fiscal adjunto, Jay Richardon, el encargado del juicio de Metts, afirmó que “Lexington estaba operando bajo un sistema de favoritismo que beneficiaba a las personas conectadas”.
Aunque los abogados del exalguacil habían pedido que no se impusiera tiempo en la cárcel para su defendido al argumentar problemas de salud, el estado aseguró que las cárceles federales pueden atender los padecimientos de Metts.
Las organizaciones latinas en Carolina del Sur repudiaron desde el inicio de la investigación las acciones de Metts por considerar que se aprovechó de la situación de los indocumentados para obtener beneficios económicos, y hoy mostraron satisfacción por la sentencia.
“Ha quedado bien claro que nadie está por encima de ley. Creo que nadie se esperaba esta sentencia pero era lo justo”, declaró Gregory Torrales, presidente del Concilio Hispano de Carolina del Sur.
