SANTO DOMINGO. En una sesión que rompió récord ayer en número de votaciones (91 en total, varias de ellas fallidas), los diputados convirtieron en ley el proyecto de reestructuración y liquidación de empresas y personas físicas comerciales o Ley de Quiebra.
La iniciativa se aprobó en abril pasado en el Senado, y fue debatida y acogida en primera lectura el martes pasado en la Cámara de Diputados.
El proyecto tiene como objeto establecer los mecanismos para proteger a los acreedores ante la dificultad financiera de sus deudores, que puedan impedir el incumplimiento de las obligaciones asumidas, y lograr la continuidad operativa de las empresas y personas físicas comerciantes, mediante los procedimientos de reestructuración o liquidación judicial.
También busca establecer el marco jurídico aplicable en cuanto a la cooperación y coordinación de los procesos de reestructuración o insolvencia transfronterizos.
En la pieza se establece que un deudor o cualquier acreedor podrán solicitar la reestructuración de una empresa cuando haya un incumplimiento de pago por más de 90 días y previa intimación. También cuando el pasivo corriente exceda al activo corriente por más de seis meses, cuando haya incumplimiento de pago a la administración tributaria, o se dejen de pagar dos salarios de manera consecutiva.
En la sesión de ayer, realizada con quórum crítico, que obligó al presidente de la Cámara, Abel Martínez, mandar a buscar a los diputados al restaurante, y recordarles en varias ocasiones su responsabilidad con los trabajos del pleno, también se convirtió en ley el proyecto que regula el Consejo Económico y Social de la República Dominicana (CES).
La entidad tiene como función examinar y estudiar los problemas económicos, sociales y laborales que afectan a la sociedad dominicana, tanto por iniciativa propia como a solicitud del Presidente de la República.
Bajo las críticas del vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Nelson Arroyo, que cuestionó la política de endeudamiento “abusiva, criminal y grosera”, que tiene el gobierno de Danilo Medina, los diputados acogieron también el contrato de préstamo por US$75,000,000.00 asumido por el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Dichos recursos serían utilizados para financiar el proyecto de promoción y protección social que ejecuta el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS).
“Si hay una cosa que afecta la soberanía de un pueblo es el endeudamiento…, y yo espero que hoy, imbuidos del espíritu patriota y soberano que tanto hemos reclamado, los diputados y diputadas defendamos la Patria evitando más endeudamiento”, expresó Arroyo, quien denunció que el Gobierno lleva un ritmo de préstamo de US$250 millones al mes.
En sus cálculos, el diputado incluyó el proyecto de aprobación del addendum que se hizo en octubre del año pasado al contrato suscrito por el país con la Agencia Francesa de Desarrollo en 2009, por un monto de 9,200,000 euros, más una subvención de un millón de euros, para financiar el programa de desarrollo del Plan Sierra aprobado también ayer por la Cámara. Pero, el diputado Ramón Cabrera, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el préstamo ya estaba contemplado en el Presupuesto Nacional, y que el millón de euros de la Agencia Francesa, era un donativo.
Aprobados
En la sesión de ayer, última en la actual legislatura que concluye el 26, los diputados aprobaron el acuerdo de cooperación técnica con la Mancomunidad de las Bahamas; los proyectos que crean el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasia) y el Colegio Dominicano de Economistas; el proyecto de ley general de concesiones de obras y servicios públicos y el que regula el uso de los símbolos patrios. Acogieron reconocer al jurista Ramón Pina Acevedo y otorgarle una pensión de RD$40,000.00 a Miguel Ángel Prestol.
ABA y AMCHAMDR valoran aprobación Ley quiebra
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) calificó como “un gran avance para mejorar la competitividad del país” la aprobación de la Ley de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas Comerciales (Ley de Quiebra), iniciativa a la que le reconoce un amplio consenso entre distintos sectores públicos y privados. Valoró como positivo el que la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) elaborara una nueva propuesta legislativa que ayudara a resolver el atascamiento que por varios años había tenido en el Congreso con el proyecto.
Consideró que este marco legal constituirá la salvaguarda para la protección de los empleados, y que aportará seguridad jurídica de cara a los inversionistas nacionales y extranjeros.
También la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) lo calificó como un avance histórico en el ámbito empresarial y económico del país. “Este paso representa un avance que busca disminuir la percepción de riesgo y facilitar la inversión privada”.
