El órgano de gobierno de China ha aprobado su primera ley antiterrorismo, que dijo va a ayudar a abordar las crecientes amenazas terroristas en el país y reforzar la seguridad internacional.
An Weixing, funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, dijo a periodistas el domingo que los ataques terroristas eran un problema creciente en China.
«Los ataques terroristas han causado grandes pérdidas de vidas y propiedades, lo que representa una seria amenaza para nuestra seguridad, estabilidad, desarrollo económico y unidad étnica», dijo la agencia de noticias estatal Xinhua citando al funcionario.
El texto preocupa a gobiernos extranjeros -incluyendo la administración de Barack Obama-, al sector empresarial, las empresas de alta tecnología en particular, y a las organizaciones de derechos humanos, que dicen que utiliza una definición demasiado amplia de terrorismo, permitiendo a las autoridades chinas aumentar los poderes de vigilancia.
«El término ‘terrorismo’ se define como cualquier proposición o actividad -que, por medio de la violencia, sabotaje o amenaza, genera pánico social, socava la seguridad pública, infringe los derechos personales y patrimoniales, y amenaza órganos gubernamentales y organizaciones internacionales- con el objetivo de realizar ciertos fines políticos e ideológicos», según el informe de Xinhua.
El proyecto de ley, que entrará en vigor en enero, exigirá a las empresas de telecomunicaciones y proveedores de servicios de internet proporcionar apoyo y asistencia técnica, «incluyendo el descifrado», a las autoridades. El gobierno dice que el aumento de la actividad en línea de los terroristas justifica los nuevos requisitos.
La ley también prevé la creación de un centro de inteligencia nacional dedicado a la lucha contra el terrorismo.
Los críticos, entre ellos una periodista francesa que fue expulsada de China esta semana, han cuestionado las políticas chinas en la provincia étnicamente dividida de Xinjiang, que es el hogar de los uigures, principalmente musulmanes.
China ha culpado a los separatistas uigures de una serie de ataques mortales, y afirma que no son diferentes de los terroristas de ISIS o de al Qaeda.
Pero los grupos de exiliados y activistas de derechos humanos dicen que las políticas religiosas represivas y la marginación económica están provocando los disturbios.
