SANTO DOMINGO. En el nuevo Código Penal, los funcionarios públicos, así como policías y militares que se involucren en un hecho delictivo recibirán una sanción mayor que la impuesta al ciudadano común.
“Cuando esta autoridad participa en la comisión de un hecho, protege, cuida, destruye evidencias, y si tú eres la autoridad competente entonces tiene un aumento de la pena, que es una agravante”, explicó el diputado Demóstenes Martínez.
Martínez, quien es presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, señaló que el proyecto de modificación al Código Penal que se debatirá en la próxima semana, contempla además lo referente a los delitos de difamación e injuria así como lo referente al aborto.
“Para toda autoridad que participe, la pena es mayor. Que participe en el ámbito de su función”, destacó el diputado tras participar en la mesa redonda sobre seguridad y justicia realizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Señaló que el delito de difamación que será penalizado por la normativa es la que se hace en un espacio público, y no a través de un medio de comunicación.
“La que hemos dejado en el Código Penal para evitar la doble disposición, tanto la ley 61-32 como el Código Penal, es dejar sólo la sanciones que tienen que ver con la difamación e injuria cometido en los espacios públicos, no así en los medios de comunicación”, destacó.
En la actividad el exjuez Manuel Ulises Bonelly y el abogado Ricardo Rojas León hicieron sus observaciones a la normativa pendiente de aprobación en el Congreso Nacional y destacaron que varios artículos del actual código se han fusionado.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Finjus, explicó que en el panel titulado “Novedades en el proyecto de reforma al Código Penal” se abordó todo lo que tiene que ver con los delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, las omisiones y así como las agravantes que se dan en las nuevas modalidades del crimen.
La Fundación hizo las observaciones con la finalidad de que sean tomadas en cuenta por la Cámara de Diputados cuando analicen el proyecto de ley.
Seguridad Ciudadana
Servio Tulio dijo que el problema de la seguridad ciudadana en el país se resolvería, si los responsables de la misma no trabajaran de manera individual. Explicó que los conflictos que se dan entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, así como el desconocimiento de la población sobre las políticas seguridad implementados por el gobierno, contribuyen a que el problema no se resuelva.
