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El Tribunal Supremo celebrará este viernes la primera sesión del año, en la que podría tomar una decisión sobre tomar a consideración o no el caso de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama en materia migratoria.

El mandatario se comprometió por primera vez en 2008 a cambiar el sistema migratorio del país, pero al no contar con el beneplácito del republicano en el Congreso decidió hacer uso de su poder ejecutivo para al menos evitar la deportación de varios millones de indocumentados.

Primero favoreció a los jóvenes inmigrantes llegados al país cuando eran niños en 2012 con la llamada acción diferida o DACA, para ampliar dichas exenciones en 2014 a los padres inmigrantes de ciudadanos o residentes (DAPA), unas medidas que pretenden, en palabras de la Casa Blanca, “dar prioridad a la deportación de criminales, y no a las familias”.

Ante esta situación, los republicanos decidieron llevar las acciones migratorias del presidente ante los tribunales, y tras casi un año de litigios, es ahora turno de la más alta instancia judicial dirimir o no sobre el asunto.

Cada año, la máxima instancia judicial del país recibe aproximadamente 10,000 peticiones, pero sólo admite a trámite entre 75 y 80 casos, según datos oficiales de la corte.

Consciente de ello, en su recurso, el Gobierno pidió al Supremo que “encarecidamente” garantice “la inmediata revisión” del caso por su “enorme importancia” y “el irreparable daño” que el retraso de la implementación de las medidas causará a sus posibles beneficiarios, cinco de los 11 millones de indocumentados que hay en el país.

El debate en el alto tribunal promete despertar una batalla política entre demócratas y republicanos, que han convertido la inmigración en un tema de campaña y que en junio, cuando se pronunciaría el Supremo, estarían a pocos meses de celebrar sus convenciones nacionales para elegir a los candidatos presidenciales.

Esta semana, un grupo de 146 congresistas demócratas pidió al Gobierno del presidente Obama que ponga fin a las deportaciones de centroamericanos y les permita permanecer en EEUU mediante un programa de protección temporal (TPS).

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