altas cortes
SANTO DOMINGO. Crece la presión social en sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil para que se llegue a un pacto que garantice la estructuración de altas cortes e instituciones democráticas con personas que brinden un servicio a la institucionalidad, en lugar de obedecer a intereses políticos y de otra índole.

Hoy, por ejemplo, se realizará el primer foro “Por un Pacto Nacional por la Justicia y la Seguridad”, que organizan instituciones de la sociedad civil, y al que está invitado el liderazgo político nacional.

Lo que ha preocupado a esos sectores es el hecho de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aumentara su poder en el Congreso Nacional en los pasados comicios, lo que pone en sus manos nuevamente las instituciones que tienen que velar por la fiscalización y control del Estado como la Cámara de Cuentas, que debe ser sustituida este año por el Senado, que dominará ampliamente el PLD, con 28 de los 32 senadores.

Al Senado también le corresponderá seleccionar a una nueva Junta Central Electoral (JCE), pues la actual vence el próximo 16 de agosto.

Al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) le corresponderá sustituir a los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), el cual ha estado en la mirilla de los sectores políticos y de la sociedad civil, por sentencias que han considerado, en su mayoría, a favor del partido gobernante.

El presidente Danilo Medina contará desde el próximo 16 de agosto con cuatro de los 8 miembros que conforman el Consejo Nacional de la Magistratura, ya que su hermana, Lucía Medina presidirá la Cámara de Diputados, y Reinaldo Pared Pérez el Senado. El Procurador General es designado por decreto. La oposición sólo tendrá dos miembros.

El economista Eduardo García Michel, presidente de la Fundación Siglo 21, planteó que el primer paso debe ser un pacto para la reforma de carácter político-institucional, y una vez acordada ésta, se puede encaminar la de carácter económico-fiscal, monetario y sectorial.

Michel, en el artículo “La reforma política e institucional”, publicado en Diario Libre consideró que existe un consenso generalizado en todos los sectores de la sociedad, que entienden que el sistema de partidos y electoral ha colapsado, y que las instituciones no ofrecen garantía de imparcialidad.

“El Presidente tiene una oportunidad de oro para casarse con la historia, si se convierte en abanderado de las reformas políticas y también de las económicas, para lo cual es imprescindible que se sacuda de las garrapatas del interés individual, y subordine su horizonte político a la finalización del cuatrienio 2016-2020, para que haga en ese período lo memorable, lo que desde hace tiempo debió de hacerse y nadie se ha atrevido a hacer”, dijo.

Instituciones
Marcos Villamán, sociólogo y rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal), dice que más que un pacto, hay que dejar que las instituciones facultadas para escoger las altas cortes funcionen, considerando las aspiraciones de cada uno de los actores. “A los mismos partidos políticos les conviene que quien vaya a ocupar esas posiciones tenga el respaldo y la aprobación de la sociedad en su conjunto, porque todos estamos interesados en que el país avance institucionalmente”. Estimó que la actual coyuntura es una ocasión que se le presenta a la sociedad para poder actuar en dirección a presionar para que los actores políticos escojan tomando en cuenta la probidad y ética de las personas.

 

 

Requisitos para el Tribunal Superior Electoral y Junta Central Electoral
La Ley 29-11 indica que para ser juez del Tribunal Superior Electoral se requiere ser dominicano, de nacimiento u origen, y tener más de treinta años de edad. Además, ser licenciado o doctor en derecho con no menos de doce años de ejercicio, y haber realizado estudios en asuntos electorales o en derecho público.

Se exige que los miembros y el personal no podrán intervenir en actividades o reuniones de índole política, y el ejercicio del cargo de juez es a tiempo completo y de dedicación exclusiva.

La Ley 275-97 advierte que entre los miembros de la Junta Central Electoral “no puede haber vínculo de parentesco o afinidad entre sí, hasta el tercer grado inclusive, ni con los candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República, hasta el primer grado.

Aunque no inhabilita a un miembro si luego es electo un familiar a nivel presidencial y vicepresidencial, a menos que el parentesco sea en primer grado.

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