Estados Unidos llamó ayer al Gobierno de Haití y a todos los actores políticos a rechazar los actos de violencia ocurridos en el país y a dialogar para concluir de manera pacífica el proceso electoral suspendido el pasado viernes.
«Estados Unidos, junto a la comunidad internacional en Haití, urge al Gobierno de Haití, sus instituciones, y los actores políticos a rechazar la violencia y dar los pasos necesarios para allanar el camino de unas elecciones pacíficas para escoger a un nuevo presidente y los restantes escaños parlamentarios como manda la Constitución», dijo ayer el portavoz adjunto del Departamento de Estado Mark Toner en un comunicado.
«Esperamos que las personas responsables de organizar, financiar o participar en (actos de) intimidación electoral y violencia sean llevados ante la justicia de acuerdo con la ley haitiana», añade la nota.
Estados Unidos reafirmó además su apoyo a unas «elecciones creíbles, transparentes y seguras que reflejen la voluntad del pueblo haitiano».
«La intimidación electoral, la destrucción de propiedad, y la violencia son inaceptables y van contra los principios democráticos y las leyes de Haití, así como contra los valores expresados en la Carta Democrática Interamericana», afirmó el portavoz.
La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Haití llamó ayer a todos los actores políticos a «participar en un diálogo consensuado y constructivo para superar la actual crisis política y completar el proceso electoral», según informó en un comunicado.
La OEA, con sede en Washington, se pronunció en este sentido después de que el Consejo Electoral Provisional (CEP) cancelara el viernes la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para este domingo alegando «razones de seguridad».
La oposición reclama la renuncia del presidente de Haití, Michel Martelly, y la instauración de un Gobierno provisional que celebre nuevos comicios en un plazo de 90 días.
Basa esta petición en que no está satisfecha por el aplazamiento sin fecha de las elecciones, y también exige la renuncia de los miembros que aún componen el Consejo Electoral Provisional (CEP), sacudido por una cascada de dimisiones en los últimos días.
