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En República Dominicana operan entre 4,900 a 5,000 pequeños mineros, que explotan, bajo condiciones informales, yacimientos de larimar, ámbar y oro aluvional. Según el Ministerio de Energía y Minas en la explotación de esos recursos, trabajan de forma directa 3,358 personas.

Además se estima que en país existente unas 269 asociaciones de pequeña minería, principalmente en Santiago, Barahona, Monte Plata, Hato Mayor y San Cristóbal.

Al igual que en los casos de la pequeña minería, en la no metálica, que tiene que ver con los agregados de los ríos, la condición de informalidad es lo frecuente. “Eso no lo regula nadie”, dice el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde, al momento de informar sobre la creación de protocolo de fiscalización minera, que pronto empezará a aplicarse en el país.

P. ¿Qué opina sobre la minera como fuente de desarrollo?

R. No se puede hablar de desarrollo, sino es sostenible. Se puede tener crecimiento, pero si esa riqueza no se distribuye y si se crece a costa de destruir el medio ambiente, entonces se come el capital social de la sociedad.

El agua es más importante que el oro, porque sin agua no se puede vivir, y sin oro se puede vivir. Pero la minería tiene una importancia tremenda en la vida moderna. Todo lo que tienes puesto y lo que te rodea tiene componentes de la minería. Eso también requiere formas de conservarlo, para convertirlo en desarrollo para las generaciones.

P. En la isla, ¿existen fuertes tensiones entre el medio ambiente?

R. La gran industria minera ya no es la misma que provocó grandes destrozos.

Es una lástima que la mayor parte de los daños que hizo la Rosario fue cuando era administrada por el Estado. Pero la explotación de hoy es distinta, porque hay nuevas tecnologías que no son tan agresivas contra el medio ambiente. Si tú vas a Barrick Gold, verás las famosas autoclaves gigantescas.

Pero eso no es solamente la tecnología, sino también por la vigilancia social y del Estado que han crecido. Ahora, en el mundo hay más ojos pendientes para que eso no ocurra.

P. ¿Y qué ha pasado con las comunidades aledañas a Pueblo Viejo, cuyos habitantes dicen padecer de “piel de cocodrilo”?

R. Hay muchas cosas de esas que también se han exagerado. La mayoría de los daños que tiene esa región son por los pasivos ambientales que debemos resolver.

Cuando se negoció el contrato (con la Barrick), las áreas se delimitaron. Y en el área que está dentro de la concesión de Barrick Gold, ellos han hecho un esfuerzo grande por la remediación. En la otra parte, del Estado, el esfuerzo no ha sido grande y tenemos que hacerlo. Ha habido descuido del Estado y la sociedad tiene que vigilarlo.

Uno de los problemas que he encontrado y que me asombra es que en las comunidades que están en las áreas que hay que remediar, en vez de la población reducirse, ésta ha aumentado. Van muchos avivatos, se meten ahí, complican las cosas y le dificultan la solución al Estado.

P. ¿Y qué pasa con la minería no metálica?

R. Es un problema del que no hablamos y que me angustia, la depredación que está ocurriendo. Eso no lo controla nadie, nada más Medio Ambiente. No hay normas para los agregados de la construcción, para las canteras, ni para los ríos. Y los daños son muy grandes.

Tenemos que ir regulando esas cosas. Se ha empezado por crear el protocolo de fiscalización minera. Además estamos tratando de trabajar colectivamente con otras instituciones, creando reglamentos y proyectos de desarrollo en otras áreas como la pequeña minería.

La pequeña minería necesita regulación, porque son muchos los hoyos que se están haciendo en el país. Y la regulación no solo es en defensa del medio ambiente, sino de la propia actividad productiva y para la protección de la propia gente. Ahora hay mucha informalidad.

P. ¿Y continúa sacando agregado de los ríos?

R. Sí. Los permisos los da Medio Ambiente. En ese aspecto ha habido de todo. Por más que Medio Ambiente trate de dar los permisos, mucha gente no tiene permiso. Pero además nadie fiscaliza con la debida atención.

P. ¿Y a cuál institución le compete la regulación?

A nadie, y eso es lo que hay que cambiar.

P. Pero eso es minería.

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Eso es una de las cosas que quisiéramos hacer, porque eso es minería. Uno de los propósitos es comenzar a crear las normas en común acuerdo con Medio Ambiente. Nosotros tenemos que trabajar como alas de un mismo pájaro.

“El agua es más importante que el oro”
“No hay normas para los agregados de la construcción, para las canteras, ni para los ríos. Y los daños son muy grandes”
P. ¿Hay petróleo en República Dominicana o Charco Largo es solo un sueño?

R. Todo parece indicar que en el país hay un potencial. Se ejecuta uno de los proyectos que quizás es el más importante de la anterior administración. Se ha partido desde el año 1920 y se ha estado reuniendo todas las informaciones sísmicas que se han levantado en el país y se han estado digitalizando y organizando.

Eso se hace después de una licitación internacional y la empresa que ganó, que es Schlumberger, tenía el trabajo bastante transparente y estaba trabajando con mucha propiedad. Esa empresa terminará su trabajo en diciembre. Al final hará informes por bloques sobre el potencial de la exploración y explotación de hidrocarburos del país.

Una vez organizadas esas informaciones, el Ministerio de Energía y Minas licitará los contratos de exploración por bloques, después de que se establezcan los términos de referencias y se modifiquen los reglamentos. De manera que se acabó que esas concesiones se otorguen de forma libre.

P. ¿Cuál es la situación sobre el proyecto de construcción de la terminal de gas natural en San Pedro de Macorís?

R. En todo lo que se refiere a los problemas de los gasoductos, que estaba en manos de Industria y Comercio, había un limbo jurídico. Pero eso se resolvió.

Se emitió una resolución que otorga el permiso para la construcción del gasoducto desde la terminal AES (en Punta Caucedo) hasta San Pedro de Macorís, donde ellos van a alimentar las plantas eléctricas.

En cuanto al proyecto de la terminal del gas natural en San Pedro de Macorís, la empresa Antillean Gas aún no ha solicitado el permiso a Energía y Minas. Pero como las dos empresas tenían el permiso del Ministerio de Industria y Comercio, lo que hemos hecho es reglamentarlos para que las dos no creen monopolios.

Antillean Gas ha estado dando los pasos para legalizar su actividad. Si cumple con los requisitos establecidos podrá obtener el permiso de Energía y Minas.

P. El anterior titular de Energía y Minas argumentaba que existía el peligro de una gran concentración de combustibles en esa zona. ¿Eso le preocupa a usted?

R. Tenemos que ver la realidad de la teoría, y es que esas empresas son dueñas de plantas que requieren conversión. Cogentrix necesita conversión. Otras están operando con gas. O sea, las plantas están y necesitan alimentarse.

Si las dos empresas deciden alimentarse desde sus propias terminales, no hay ninguna regla en República Dominicana que lo prohiba, sino una discrecionalidad que no procede.

Lo que tenemos que hacer, ante una situación de hecho, es reglamentar la actividad futura. Lo que le corresponde a este Ministerio es tratar de incentivar en el futuro que ese tipo de actividad no se siga concentrando en una zona, sino que vayan a otras.

“Si las dos empresas deciden alimentarse desde sus propias terminales, no hay ninguna regla en República Dominicana que lo prohiba, sino una discrecionalidad que no procede”
P. El Ministerio de Energía y Minas nació amputado. Por ejemplo, sin la jurisdicción sobre la Dirección de Hidrocarburos, adscrita al Ministerio de Industria y Comercio.

R. La Dirección General de Hidrocarburos está aquí. Eso fue una de las primeras cosas que hicimos

Pero en la Ley se dejó algunos huecos. Por ejemplo sobre la parte eléctrica el Gobierno entendió que no era prudente incluirla desde el principio, y decidió esperar a que se fortaleciera el Ministerio de Energía y Minas. Entonces la parte eléctrica no será dirigida desde este Ministerio hasta el 2017.

En el caso de Industria y Comercio la confusión vino porque se le dio la actividad de comercializar los derivados del petróleo, con todo lo que implica. Se entendió bien o mal que esa era una actividad comercial. Eso se confundió también con la permisología de los hidrocarburos.

Hubo contradicciones también con otras instituciones como la Comisión Nacional de Energía, que también está en vías de solución. Pero la Ley es oscura en algunos aspectos y eso generó conflictos en el pasado a nivel jurídico entre instituciones que se suponen que son una sola, porque la CNE es una institución adscrita a este ministerio.

P. ¿Qué opina sobre las concesiones de exploración que se han otorgados y cuyos plazos parecen muy largos?

R. Estamos estudiando los plazos y estamos siendo más conservadores en los reglamentos de exploración y explotación. Los estamos elaborando para mandarlo al Ejecutivo, porque eso es través de un decreto.

Estamos siendo también más conservadores en la cantidad de la tierra que se daba en concesión. En el Gobierno de Danilo Medina se ha aplicado la política de que todas las concesiones vencidas sean eliminadas. Y se han eliminados muchas concesiones de exploración.

Pero yo tengo un tema que para mí es clave.

P. ¿Cuál es?

R. La Iniciativa para la transparencia de las Industrias Extractivas. Esa iniciativa es un movimiento internacional que trata de normalizar y hacer transparente esa industria, no solamente de parte de las empresas que actúan, sino del Estado, de los contratos, de lo que se hace con ese dinero. Se han realizado diligencias para ingresar. Ellos tienen la figura del “champion” del país, que es el que dirige el proceso. El Poder Ejecutivo me nombró “champion” y comenzamos a trabajar para formar parte de esa iniciativa. También participarán otras partes de la sociedad civil, como es el caso de Participación Ciudadana.

P. ¿Cuáles serían los compromisos del país?

R. Que todas las informaciones sean públicas. Que todos los contratos que se hagan con una minera sean públicos y con los mayores detalles. Y que el uso del dinero que le ingresa al Estado por la actividad minera sea público.

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