En el tiempo que Danilo Medina tiene de presidente, no se ha dado una condena contra un político por corrupción.
Los casos salidos a la luz, que han despertado indignación, copado por momentos las portadas en los diarios y movilizado protestas, han tenido un único destino que es ser archivado. Otros casos se mantienen en proceso judicial.
Félix Bautista probablemente sea la figura más simbólica para representar las derrotas del Ministerio Público contra altos funcionarios. El proceso judicial contra el senador por San Juan y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) arrancó en abril del 2012 y se extendió entre fallos y apelaciones hasta que el 21 de octubre del año pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia ratificó el archivo del expediente contra Bautista. A éste se le acusó de un desfalco al Estado durante su gestión en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), por un monto valorado en más de RD$25 mil millones.
En una lista similar están el ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa (2007-2012) y el director de Bienes Nacionales, Elías Wessin Chávez (2007-2012). Si bien los casos de funcionarios fueron decididos en el primer periodo gubernamental de Medina, las acusaciones se sustentaron en pasadas gestiones.
Sin condenas ganadas que alardear, con casos aparentemente olvidados y sin poderosos involucrados, ha sido la corrupción uno de los temas más espinosos para el presidente Medina, que en su primer Consejo de Gobierno de este periodo exigió honestidad de los funcionarios y prometió que las faltas llegarían a la Procuraduría.
Los casos que han vencido al Ministerio Público han despertado duras críticas contra jueces, pero también la duda de si los expedientes han sido o no bien fundamentados. El choque en junio que tuvo la fiscal Yeni Berenice Reynoso y la Procuradora Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, ejemplifica esta tendencia. Reynoso dijo sentirse apenada porque los casos de poderosos le “dieran amnesia” al PEPCA. Mientras, Guerrero criticaba a la fiscal porque se puso a decir a la prensa que tenía pruebas que involucraban al exdirector de la OISOE, Miguel Pimentel Kareh, sin haberlas enviado al PEPCA.
Otro ejemplo se vivió en el descargo a favor del senador Bautista. En ese caso, la jueza Miriam Germán Brito resaltó el accionar “descuidado e impreciso” del Ministerio Público. “Conozco el proceder de un sector del Ministerio Público que actúa como si su teoría del caso fuera prueba, palabra de Dios… El mismo sector que cuando no se le complacen todas sus pretensiones, recurre a denostar al juzgador, sin examinar con sentido autocrítico lo que le corresponde en el proceso”, cuestionó Germán Brito, aun cuando fue una de las dos juezas que tuvieron votos disidentes en la sentencia que archivó el proceso de Bautista.
En el caso contra Díaz Rúa, la Segunda Sala Penal de la Suprema anuló el pasado 7 de septiembre una acusación por corrupción, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito por “sumas millonarias”. Y a Elías Wessin, el Ministerio Público presentó cargos de prevaricación, desfalco por RD$157 millones y asociación de malhechores en Bienes Nacionales. La orden de juicio contra el exfuncionario fue anulada el 18 de junio del 2014 por la Segunda Sala de la Suprema Corte.
Súper Tucano, Inapa y dos alcaldes
Los supuestos soborno sobre los Súper Tucano y desfalco del exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Alberto Holguín Cruz, estrenaron al nuevo procurador Jean Alain Rodríguez. Él, que tiene fama de poco hablar con los medios, convocó a los periodistas para prometer que “no habrá engavetamientos, ni paños tibios”.
El Ministerio Público investiga el supuesto soborno por US$3,520,000 en la compra de ocho aviones Súper Tucanos en 2008, a la empresa brasileña Embraer S.A. Aquí estarían involucrados varios senadores que motivaran la aprobación de un préstamo de US$93.6 millones para ese fin. El único investigado hasta ahora es el senador Luis René Canaán. Por este caso, que despertó por investigaciones que se siguen en Estados Unidos y Brasil, guarda prisión preventiva el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez, y bajo presentación periódica e impedimento de salida están el exministro de las Fuerzas Armadas Pedro Rafael Peña Antonio y los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández.
La acusación presentada por PEPCA contra Holguín Cruz el pasado mes de agosto señala que el exfuncionario habría otorgado nueve contratos a una misma persona, ocho de ellos en un solo día, por más de RD$392 millones.
Todavía no se ha decidido si habrá juicio contra Holguín. Otros procesos pendientes son el juicio de fondo contra el exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez por supuestamente malversar más de RD$400 millones de pesos provenientes del Ayuntamiento que dirigía. También el exalcalde de San Cristóbal Raúl Mondesí se encuentra bajo investigación del PEPCA, por supuestamente malversar más de RD$300 millones.
OISOE, la que más protesta ha despertado
La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) ha sido reiteradamente investigada y motivado protestas recientes (y represiones a manifestantes) que reclamaban su cierre. Fue el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, el 25 de septiembre del año pasado, que destapó una supuesta marrulla dentro de la OISOE en la construcción de escuelas en el pasado Gobierno. Aparentemente a los contratistas se les retrasaba el pago de sumas millonarias para beneficio de funcionarios de esa entidad. Por eso, tres personas están bajo prisión preventiva. Las críticas contra OISOE también estuvieron sustentadas en la sobrevaluación del hospital Darío Contreras por RD$664 millones más de lo presupuestado. Contrataciones Públicas documentó en esta obra la violación a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, e irregularidades y exigió una investigación. Pero el caso del Darío quedó en el aire.
