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SANTO DOMINGO. El perfil de las empresas y personas físicas que resultaron beneficiadas con el sorteo de obras para la reparación y construcción de 56 hospitales en el país denota, en algunos de ellos, vínculos con el Gobierno peledeísta de Danilo Medina, y en otros, una falta de experiencia para realizar la labor asumida.

Al menos tres de los beneficiados en el concurso de urgencia que convocó en 2013 el entonces ministro de Salud, Freddy Hidalgo, aparecen en las nóminas de instituciones del Estado, incluida una persona que, en la actualidad, es parte de un expediente por corrupción pendiente de decisión en los tribunales.

Luis Rafael Sánchez Esteva resultó agraciado con un contrato de RD$44,901,946.68 para la reparación y mantenimiento, construcción de laboratorios y dos consultorios en el hospital municipal de El Almirante, en Santo Domingo Este.

Sánchez Esteva funge como director de Cubicaciones del Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (Procomunidad), cargo por el que recibe un sueldo de RD$45,000 mensual.

El ingeniero explica que para concursar en el sorteo, tomó una licencia de seis meses, que era el tiempo que duraría la obra, pero que debido a los retrasos, sobre todo por falta de pago, tuvo que retomar sus labores en Procomunidad una vez concluyó el plazo de la licencia.

“Como se ha retrasado tanto, no podía estar todo ese tiempo sin cobrar”, justifica, al tiempo que afirma que, aunque ahora están paralizados, los trabajos en el hospital se encuentra en fase final y podría terminarlos en dos meses si le entregan los fondos pendientes.

El ingeniero tendrá que esperar un poco más, debido a que la actual ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, transfirió la construcción de los 56 hospitales a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), donde todavía se debate el protocolo a seguir para recibir las obras, según informó su Departamento de Comunicaciones.

Otro que aparece en nómina es José Antonio Pérez Jiménez, coacusado junto al ex director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel, a quien el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sometió en el 2012 por supuesto desfalco contra el Estado de más de RD$1,500 millones.

Pérez Jiménez se ganó el contrato para la reparación general del hospital provincial Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, por un monto de RD$46,297,121.22.

Aunque era empleado del INDRHI, decidió pensionarse en la entidad a la que, asegura, le dedicó más de 31 años de servicio. La obra del hospital fue paralizada por decisión del Ministerio de Salud Pública, que prefirió levantar otra edificación al lado del viejo hospital, luego de que Pérez Jiménez había adelantado más del 20% del trabajo. Afirma que había invertido muchos recursos que el Ministerio no le paga desde hace más de un año.

Del expediente, Pérez Jiménez sostiene que no tiene nada que ver con el caso y que lo pusieron ahí porque no es político y porque no dijo lo que Hotoniel Bonilla, director del PEPCA en 2012, quería escuchar.

Para la reparación del hospital de Nisibón, en La Altagracia, el agraciado resultó ser el señor Félix Miguel Núñez Encarnación, con un contrato de RD$50,367,867.51.

Núñez Encarnación aparecía en la nómina del Ministerio de Obras Públicas, como supervisor en la sección de tramitación de planos, en San Francisco de Macorís, hasta marzo de ese 2013, con un sueldo de RD$12.091.

De construir filtrantes a la reconstrucción de hospitales

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Entre los que tuvieron la buena suerte de ganase los contratos para reconstruir los hospitales figura la señora Nelfa Idaisa Castillo Luciano, quien tiene a su cargo la reparación del hospital Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, por un monto de RD$52,457,360. Castillo Luciano participó como persona física, no obstante, aparece en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) como la persona que solicitó el registro de la empresa Sancast Constructora.

Esta empresa tiene registrada una dirección en Gazcue, en la Avenida Pasteur #152, lugar en el que solo opera una firma de abogados, según pudo comprobar DL.

Los nombres y apellidos de la agraciada coinciden, en el mismo orden, con los de otra persona favorecida con el reparto de apartamentos y locales comerciales que hizo en 2006, mediante decreto 347-00, el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, en San Juan de la Maguana.

Otro caso es el de Tirso Fidel Sánchez Valenzuela, que ganó un contrato de RD$46,514,952 para la reparación general del hospital municipal de Polo, en Barahona.

Sánchez Valenzuela obtuvo en 2014 el registro en ONAPI para una empresa de perforación de pozos filtrantes, limpieza de sépticos y venta de agua a granel. Durante una visita a la compañía, ubicada en la carretera de Mendoza, en Villa Faro, una mujer tomó nombre y teléfono del equipo de reporteros para que Sánchez Valenzuela pudiera comunicarse con DL, pero esa comunicación aún no se produce.

Para registrarse como oferentes y proveer bienes y servicios al Estado, las personas físicas solo tienen que completar un formulario con su cédula de identidad, una certificación de colegiatura en algunos casos, y una declaración jurada en la que se certifique “que no es un funcionario de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones del Estado, y que no se encuentra afectado por las demás prohibiciones establecidas en el artículo No. 14 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones”, especifica la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

Lo que dice la Ley 340-06
El artículo 14¬ de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado el Presidente y Vicepresidente de la República,; los ministros y viceministros; los senadores y diputados, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral.

Tampoco pueden los síndicos y regidores; el Contralor General de la República y el Subcontralor;; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; los miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional , el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía.

Tampoco pueden los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ni los jefe y subjefes de la Policía Nacional;

Están impedidos además los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa; y todo el personal de la entidad contratante, entre otros.

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