SANTO DOMINGO, RD.- La envasadora Sol Gas se podría enfrentar a una serie de demandas de las más de 40 personas, entre heridos o daños a las propiedades que resultaron afectadas por la explosión de la planta de gas en Los Ríos.
Ayer, el Ministerio de Industria y Comercio informó que la empresa en cuestión cuenta con todos los permisos requeridos para operar en el barrio La Esperanza, de Los Ríos, Distrito Nacional, desde el 1993, que fue cuando se instaló allí. Sin embargo, esto no implica que no responda por los daños causados.
“El hecho de que la empresa esté proveída de los permisos correspondientes, en lo absoluto significa que pudiera ser no responsable del daño. Las autorizaciones administrativas solo sirven para establecer que no tienen un carácter ilegal, pero jamás que los beneficiarios de esas autorizaciones estén exentos de responder por los daños”, explicó Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
El abogado especializado en el área de seguros recordó como principio de Derecho que todo aquel que cause un daño obliga a quien lo causó a repararlo. La empresa solo se libera de responsabilidad si prueba que los daños de la explosión del martes fueron producidos por un acontecimiento totalmente ajeno a ella, asegura Subero.
En caso de que la planta esté asegurada sería la empresa aseguradora que cubriría los daños. Pero si esas pérdidas sobrepasan el valor asegurado, entonces el excedente tendría que ser pagado por los propietarios, advirtió Subero.
¿Qué deben hacer los afectados?
El presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradoras, Miguel Villamán, recomendó a los afectados llegar a un acuerdo extrajudicial con Sol Gas. “Si es un caso judicial (demanda) eso durará mucho tiempo. Si es un arreglo extrajudicial, entiéndase que el afectado se comunique con el causante y que éste a su vez con su compañía de seguros, va a salir el dinero más rápido y mejor porque no tendrá que repartirlo con nadie”, explica Villamán. “Con demandas hay un abogado y ya los demandantes tendrán que pagar un 30% de lo que otorgue la compañía de seguros”, agregó, no sin antes advertir que las demandas tardan años en ser falladas.
El especialista indica que los daños materiales deben correr a cuenta de Sol Gas y “es lo correcto” que también pague los servicios médicos. “Lo que la gente debe pedir, entiendo yo, es la indemnización por lesiones sufridas y las pérdidas de ingresos producto de esas lesiones…”.
La última recomendación de Villamán para los afectados es que acudan a Sol Gas y presenten un informe sobre sus pérdidas para llegar a un acuerdo y que la empresa repare los daños sufridos.
Los afectados se preparan
En las calles Respaldo La Fe y La Fe, ayer las personas trataban de organizarse. Evaluaban con detenimiento los daños que provocó la explosión. Anotaban en una lista lo que perdieron, lo cual junto a una copia de su cédula entregaban a representantes del seguro de la empresa envasadora de gas, quienes se negaron a dar declaraciones a la prensa.
Algunos de los afectados aseguraron que evaluarán los daños y que la idea inicial es llegar a un acuerdo con Sol Gas, pero si ésta se niega a pagar procederán a demandarla. “Mi casa fue afectada. Todos los cristales están rotos, y colchones y cortinas quemados. Hay paredes que tienen hoyos en los que uno camina”, se quejaba ayer Orlando Gómez, uno de los que exige ser indemnizado tras la explosión.
¿El Estado culpable de no inspeccionar?
Para que Sol Gas opere necesita la aprobación de seis entidades estatales, dos de las cuales -Ayuntamiento y la Defensa Civil- el día de la explosión criticaban la ubicación de estas empresas en residenciales. Subero Isa explicó que para determinar si el Estado sería responsable, es necesario probar que esa falta de supervisión fue causante del daño. Pero eso solamente se podría determinar con un profundo estudio del asunto. Y para Villamán, este acontecimiento es un reflejo del desorden institucional y falta de vigilancia.
Investigan si Medio Ambiente lo autorizó
Ayer la procuradora de Medio Ambiente, Francia Calderón, dijo que aún no ha confirmado con el Ministerio de Medio Ambiente si Sol Gas contaba con el permiso correspondiente. “Están investigando si tiene el permiso medio ambiental… Estamos investigando, solicitando todo lo que necesitamos. Ya estamos apoderados y la Procuraduría está investigando las consecuencias ambientales”, señaló ayer Calderón. Ella dijo que pueden haber consecuencias ambientales que incluyan la prisión de seis días hasta tres años.
