SANTO DOMINGO.- El ayuntamiento de Santiago, dirigido por Gilberto Serulle, incumplió disposiciones legales y contables durante el año 2012, provocando “efectos distorsionantes importantes” en su estado de ejecución presupuestaria, que involucran unos 228 millones de pesos, reveló este miércoles la Cámara de Cuentas.
Como ha ocurrido en otros ayuntamientos, cuyos ejecutivos no han sido sancionados judicialmente, el organismo auditor externo del Estado reseña en un comunicado, que sus técnicos emitieron una “opinión adversa” de las cuentas analizadas.
También se incurrió en la irregularidad de pagar más de 45 millones de pesos por obras realizadas sin evidencia de contratos entre las partes; erogación de 410,000 pesos a empleados con grado de consanguinidad con funcionarios municipales, el pago de 3.1 millones de pesos para obras que exceden los trabajos realizados.
Destaca que el estado de ejecución presupuestaria del cabildo no presentó “razonablemente” todos los aspectos importantes relativos a ingresos y desembolsos, incumpliendo así, con las normas de contabilidad del sector público dictadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto (423-06) y el Manual de Clasificadores Presupuestarios para los Ayuntamientos.
Los auditores atribuyen a la corporación edilicia administrada por Serulle haber incumplido contratos por recolección de residuos sólidos, asunto en el que hay envuelta una suma de más de 147 millones de pesos; erogación de 3.6 millones de pesos a regidores por supervisión de obras; suministro de combustible a recolectoras de basura sin deducirlo de sus facturaciones por un monto de 5.6 millones de pesos y entrega de recursos a regidores sin soportes justificativos por 3.1 millones de pesos.
También se incurrió en la irregularidad de pagar más de 45 millones de pesos por obras realizadas sin evidencia de contratos entre las partes; erogación de 410,000 pesos a empleados con grado de consanguinidad con funcionarios municipales, el pago de 3.1 millones de pesos para obras que exceden los trabajos realizados.
Además, se encontró “inconsistencia” en la información financiera en el renglón de servicios personales por un valor de 5.9 millones de pesos; igual situación, pero por un valor de 12.7 millones en la distribución porcentual de los ingresos diferentes al límite establecido por ley, así como el pago de 729,000 pesos en valores no remitidos al Fondo de Pensiones para los Trabajadores de la Construcción y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).