La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se unió este miércoles a los sectores que reclaman que sea suspendida en su ejecución en lo inmediato la Ley 140-15 sobre Notariado.
El vicepresidente de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, sostuvo que la pieza, adoptada en el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, contradice las expectativas de la sociedad y la comunidad jurídica.
“Por ello se han generado serias preocupaciones sobre la Ley 140-15, ya que a juicio de los principales medios de comunicación, decanos y académicos del derecho, empresariado, y usuarios del sistema de justicia, esta nueva legislación crea problemas similares o superiores a los que la anterior ley propiciaba”, señaló a través de un comunicado.
Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) la pretensión del Colegio de Notarios de expandir el radio de acción de los notarios hacia nuevos ámbitos, crear privilegios y exclusividades entre sus miembros y elevar geométricamente las tarifas de cobro por servicios, solo para mencionar tres aspectos concretos, desnaturaliza la esencia de la función notarial.
La Finjus consideró que la nueva ley del Notariado contiene cambios sustantivos que no fueron debidamente debatidos y que ameritaban un compás de espera para hacer una transición adecuada a las transformaciones que la misma ley impone. “Así que en aras de contribuir a un diálogo abierto, sintetizamos las observaciones más importantes que han realizado distintos sectores y especialistas que asumen una visión crítica de la legislación”.
Señala que “Primero, la función de los notarios en nuestro país se asienta jurídicamente sobre la base del notariado latino y la nueva ley 140-15 es una iniciativa que trató de responder a la evolución que ha acaecido en esta tradición al fortalecer el rol del de la notaría como servicio público, bajo la supervisión del Estado, en beneficio y para la salvaguarda de la ciudadanía”.
Citó también “lanzamiento de lugares, protesto de cheques, fijación de sellos y puesta en posesión del administrador judicial provisional, así como en la instrumentación o el levantamiento de los embargos, funciones que a nuestro juicio, desnaturalizan la función notarial y perjudican a otros servidores públicos como son los jueces de paz y a los alguaciles, generando con ello un clima de inseguridad jurídica en el país”.
Castaños Guzmán dijo que con la nueva ley del Notariado 140-15 se genera un rompimiento con las históricas funciones primigenias del notario, tanto en el ordenamiento jurídico dominicano como en el Derecho.
«Ello se evidencia con el traspaso de labores de los alguaciles a los notarios, lo cual desvirtúa la naturaleza esencial de la función del notariado«, manifestó.
