Super Tucano

SANTO DOMINGO. Desde 1913 hasta septiembre del 2000 entre el Gobierno de República Dominicana y el de Brasil solo existieron relaciones diplomáticas: nombramientos, condecoraciones y escasos acuerdos. El primer contrato de financiamiento del Estado dominicano con el país suramericano se firmó en octubre del 2000 -en el gobierno de Hipólito Mejía- con la empresa brasileña Finame (Agencia Especial de financiamiento Industrial) por un monto de US$ 10,770,013, que estaría destinado a un proyecto de equipamiento y apoyo logístico para el desarrollo comunitario.

Desde entonces se han refrendado unos 25 contratos con ese país de los cuales 19 fueron de financiamiento. El exmandatario del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) fue el primero en suscribir un acuerdo con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) de Brasil, entidad que hasta la fecha ha financiado alrededor de 16 convenios.

Ese primer financiamiento del BNDES fue firmado en enero de 2003 para sufragar 135 autobuses del Consejo Nacional de Transporte Plan Renove a través de la empresa Autozama S. A., exportación que fue cedida a Cotia Trading S. A., sociedad anónima, con establecimiento principal en Sao Paulo, Brasil, por un monto de US$8,100,000.

El Plan Renove o de Renovación de Vehículos, fue un proyecto creado para mejorar el transporte público nacional. A través de éste, el Estado financió vehículos a los sindicatos. El proyecto terminó en un escándalo de corrupción.

En septiembre de 2005, el expresidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Leonel Fernández, con un año en el poder, suscribió un acuerdo de financiamiento con el BNDES y el Deutsche Bank por un monto de US$89,925,939, para ampliar el acueducto de la Línea Noroeste, así como el contrato entre el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y la constructora Norberto Odebrecht. Fue su primer acuerdo de financiamiento con Brasil de 15 aprobados durante sus dos períodos de gobierno consecutivos (2004-2012).

El monto total de los contratos firmados desde el 2000 hasta 2015 por el Estado dominicano con Brasil es de más de US$2, 131, 350,996, según datos obtenidos en la página de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Los principales negocios han recaído sobre las constructoras brasileña Andrade Gutierrez; Queiroz Galvão y Norberto Odebrecht, esta última la más beneficiada. De la cantidad de contratos citados, Odebrecht obtuvo alrededor de 15 para la realización de unas diez obras. Desde hace más de dos años, la empresa Norberto Odebrecht se encuentra envuelta en Brasil en un escándalo de corrupción político- empresarial conocido como “Operación Lava Jato”, por el cual además se investiga su participación en República Dominicana.

La compañía es una de las empresas del Grupo Odebrecht, cuyo expresidente, Marcelo Odebrecht, fue sentenciado en primera instancia a 19 años de prisión, como uno de los responsables de los supuestos pagos de sobornos a políticos y funcionarios, entre los que se destaca el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los investigadores de la “Operación Lava Jato” también han puesto los ojos en los financiamientos que el BNDES ha dado a Odebrecht para obras dentro y fuera de Brasil. Al BNDES se le vincula como uno de los mecanismos utilizados para que empresas -entre las que se acusa al Grupo Odebrecht y a Petrobras (Petróleo Brasileiro)- aportaran dinero para campañas electorales dentro y fuera de Brasil a cambio de la aprobación de préstamos.

A marzo de este año, los investigadores estimaban que este esquema de pagos de sobornos a funcionarios y financiamientos a campañas de partidos políticos a cambio de asignación de obras, pudiera repetirse en la República Dominicana, de donde según las investigaciones, se transfirieron recursos para realizar los supuestos pagos de sobornos.

Durante 14 años en el territorio nacional, esta empresa ha construido múltiples obras entre cuestionamientos que lo han llevado a la Justicia dominicana, donde enfrenta dos sometimientos. El primero, interpuesto por la reconstrucción de la carretera Jarabacoa-El Río y el segundo, por la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina (plantas a carbón). En ambos procesos se ha denunciado la sobrevaloración de los precios con respecto a propuestas de otras constructoras. Las plantas a carbón serán construidas por Odebrecht por un monto de US$1,945 millones, mientras la empresa de origen chino Gezhouba Group se ha informado la construiría por US$900 millones.

Otras de las conexiones que ha tenido el país con Brasil es la del publicista Joao Santana. El exasesor de la campaña presidencial del gobernante dominicano Danilo Medina, tiene libertad condicional acusado de ser intermediario de Odebrecht en las presuntas negociaciones fraudulentas. La propia esposa de Santana, Mónica Moura, habría admitido que la pareja recibió dinero de Odebrecht para trabajar campañas presidenciales en Venezuela y Angola, conforme los interrogatorios que ofreció ante la Policía Federal.

En la gestión de Danilo Medina se han aprobado unos seis contratos de financiamiento para la construcción de obras a cargo de Odebrecht, entre ellos el de las plantas a carbón.

Reportes periodísticos indican que el exministro de Defensa, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, siguió paso a paso la adquisición de las aeronaves desde la licitación ganada por la empresa brasileña Embraer (2007), hasta la entrega de los dos primeros aviones que recibió personalmente en noviembre de 2009. Las aeronaves brasileñas fueron compradas durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández, en el año 2010, con el argumento de mejorar la vigilancia de los cielos dominicanos y evitar que los narcotraficantes internacionales utilizaran el territorio dominicano como puente para sus exportaciones hacia Estados Unidos y Europa.

En la actualidad, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), pidió imponer prisión preventiva al exministro de Defensa, mayor general piloto Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Picini Núñez, el empresario Daniel Aquino Hernández y su hijo Daniel Aquino Méndez, por alegado soborno de US$ 3,520,000 para la compra de ocho aviones Súper Tucano.

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