La crisis institucional en Venezuela ha hecho eco en Latinoamérica. Varios gobiernos del continente han expresado su posición sobre la polémica decisión del Tribunal Supremo de Justicia de asumir las funciones de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció un “autogolpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional”.

“Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, dijo el secretario general. “Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”.

Almagro pidió convocar un Consejo Permanente de la OEA en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática de Venezuela.

Para activar la Carta Democrática ante una situación como la de Venezuela, en la que el Gobierno se opone frontalmente a esa medida, el Consejo Permanente de la OEA debe decidir por mayoría (18 votos) que hay una alteración del orden democrático.

Por su parte, el Gobierno de Perú rechazó lo que llamó una “ruptura del orden democrático en Venezuela” y retiró de forma definitiva a su embajador en ese país.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú dijo que la decisión del TSJ de Venezuela es una “arbitraria medida que violenta el Estado de derecho”.

En respuesta, la canciller de Venezuela Delcy Rodríguez rechazó el “apoyo grosero del gobierno peruano a los sectores violentos en Venezuela”.

El gobierno de Chile también llamó a informar a su embajador en Venezuela, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñzo.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo en un comunicado que la decisión del TSJ “socava enormemente las instituciones democráticas” y que Estados Unidos condena la medida. “Esta ruptura de las normas democráticas y constitucionales daña en gran medida las instituciones democráticas de Venezuela y niega al pueblo venezolano el derecho de moldear el futuro de su país a través de sus representantes electos. Lo consideramos un grave revés para la democracia en Venezuela”, dice la declaración de Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado.

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Además, la portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, dijo que “las recientes sentencias de la Corte Suprema de Venezuela están poniendo en tela de juicio los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional y restringiendo la inmunidad parlamentaria de sus miembros, elegidos democráticamente por el pueblo venezolano”.

El expresidente y candidato presidencial de Chile, Sebastián Piñera, señaló que “el Tribunal Chavista de Justicia ha arrebatado todas sus atribuciones al Congreso de Venezuela. Es un paso inaceptable hacia una dictadura” y llamó a invocar la cláusula democrática de la OEA.

En tanto, la Cancillería de Argentina emitió un comunicado en el que dice que el gobierno “ve con gran preocupación la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que limita las facultades de la Asamblea Legislativa y restringe la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular”.

En un tono similar se expresó el Gobierno de México, al manifestar que “preocupa el anuncio de que el Tribunal asumirá las competencias del poder legislativo de ese país, así como la decisión de limitar las facultades de dicha Asamblea Nacional y restringir la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular, lo que atenta contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación de poderes”.

Colombia destacó “la importancia del respeto por la separación de poderes”. La canciller María Ángela Holguín dijo que “acá nosotros hemos insistido, lo insistimos en el debate de la OEA hace dos días, de la importancia del respeto y de la separación de los poderes como pilar fundamental para la democracia”.

Este viernes, el Ministerio del Exterior de Colombia llamó a consultas a su embajador en Venezuela. El funcionario deberá dirigirse a Bogotá para informar al gobierno sobre la situación actual en Venezuela.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, también se refirió a la situación de Venezuela a través de su cuenta de Twitter.

Como respuesta, el gobierno de Venezuela acusó al Departamento de Estado y “los centros de poder estadounidenses” de dirigir una arremetida regional contra el país.

Según el gobierno venezolano, los gobiernos de “la derecha intolerante y proimperialista de la región” han conformado una “coalición intervencionista”. “Han desatado una histérica campaña contra Venezuela, ante el fracaso de sus intenciones por inmiscuirse en nuestros asuntos internos”, según un comunicado de la Cancillería venezolana.

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