Tras varios años de litigio, la familia de Jenni Rivera alcanzó un acuerdo económico fuera de corte con el fabricante del avión en el que murió la cantante a causa de un accidente en diciembre de 2012.
Según documentos mostrados por el programa Suelta la sopa (Telemundo), las compañías aeronáuticas Bombardier y Learjet, junto al fabricante de equipos de navegación Garmin International, accedieron a pagar un total de $65,000 a los dos hijos de la fallecida estrella, Juan Ángel y Jenika López, que eran menores de edad cuando sucedió la tragedia.
El acuerdo estipula que Bombardier y Learjet abonarán $50,000, mientras que Garmin aportará los $15,000 restantes. Esas sumas se dividirán en partes iguales entre los dos hijos, por lo que cada uno recibirá $32,500.
A cambio de esas indemnizaciones, la familia accede a poner fin al pleito por negligencia contra esas tres compañías, que quedan fuera del juicio que tiene previsto ponerse en marcha el próximo 24 de julio.
En ese proceso están implicados la empresa dueña del jet siniestrado, Starwood International, y otros demandados.
El acuerdo con Bombardier ya se había anunciado el año pasado, pero los detalles no se habían dado a conocer hasta ahora y faltaba la aprobación del tribunal para hacerlo oficial.
Un juez de Los Ángeles condenó el año pasado a Starwood a pagar una indemnización de $70 millones a los familiares de cuatro de las seis personas que fallecieron junto a la diva en el accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2012.
El Learjet 25 que trasladaba a Rivera y su séquito tras una presentación en Monterrey, México, había sido construido en 1969 y en el 2005 había sufrido daños sustanciales cuando un desequilibrio en la repartición del combustible hizo que se estrellara contra un poste indicador al aterrizar en un aeropuerto de Amarillo, TX.
La familia Rivera interpuso la querella contra los dueños y los fabricantes del avión en diciembre de 2014. Por entonces, el viudo de la artista, Esteban Loaiza presentó otra demanda por muerte por negligencia contra Starwood en la que acusaba a los pilotos de no estar lo suficientemente capacitados para el vuelo y de operar una aeronave dañada. Esa demanda fue desestimada.
