Cuando al inicio de la década de los años 80 el entonces presidente Antonio Guzmán buscó establecer en el país el impuesto al Valor Agregado (IVA), el mandatario estaba procurando convertirse en el propulsor de la modernización del sistema tributario dominicano, dotándolo del impuesto de moda en la región, que además aportaría una buena proporción de ingresos fiscales.
La iniciativa del mandatario, que gobernó en el período 1978-1982, fracasó al ser rechazada en el Congreso, principalmente por la oposición del entonces líder del Senado, el doctor Salvador Jorge Blanco, quien luego cuando llegó a la Presidencia de la República se ingenió un mecanismo semántico para presentar un impuesto tipo IVA, pero bajo otro nombre. Cambió la forma, pero no el fondo.
El fracaso de la iniciativa del presidente Guzmán Fernández, quien había acogido recomendaciones de sus principales colaboradores económicos del área fiscal -Ramón Martínez Aponte, secretario de Finanzas, y Bolívar Báez Ortiz, secretario técnico de la Presidencia- le sirvió para convertirse, sin proponérselo, en el único Presidente en casi cuatro décadas que “exonera” a la población de reformas tributarias. A partir de su mandato, ninguno de los presidentes que ha tenido el país ha exonerado a la población de crearle impuestos, a través de reformas tributarias.
Salvador Jorge Blanco, a quien se le atribuye encabezar la rebelión contra el IVA—impuesto que para adversarlo se le llegó a bautizar peyorativamente con el mote de “Imposible Vivir Aquí”— estrenó su gestión (1982-1986) con el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (ITBI), en los primeros cinco meses de su mandato. Fue un cambio de nombre, debido a que ya en el país existía un ambiente hostil contra el IVA, que es una categoría dentro de la familia de impuestos al consumo.
Aunque el modelo más parecido fue el de Chile, localmente se buscó un nombre parecido al impuesto panameño, que era Impuesto a las Transferencias de Bienes Mobiliarios (ITBM). Así, en el primer cuatrimestre del 1983, comenzó el sistema tributario dominicano a transitar hacia el modelo impositivo que se adueñaba de la región latinoamericana, aunque con una tasa y alcance restringidos. Comenzó con un 6% a los bienes industrializados, dejando fuera entonces todos los productos alimenticios, y los servicios, los cuales fueron incorporados más tarde.
Desde su debut, el ITBI ha estado presente en las principales reformas que han propuesto los posteriores presidentes de la República. Ya su tasa es de 18%, es decir, tres veces la original (excepto para ocho productos alimenticios que fueron incorporados en la última reforma tributaria, la de diciembre del 2012—y abarca los servicios, por lo que ahora es ITBIS.
La racha impositiva
La cadena impositiva de los presidentes la continuaron los mandatarios Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Casi todos lo han hecho al inicio de una gestión.
Aunque todos los presidentes del 1982 a la fecha han establecido impuestos, en un período constitucional, sin embargo, no hubo reforma tributaria, y el sistema se mantuvo en una especie de “tregua fiscal” del 1996 al 2000.
Este último, que correspondió al primero de los tres gobiernos del doctor Leonel Fernández, hubo un intento fallido de reforma tributaria, llamada entonces como “paquetazo”. Un error de presentación se unió a la minoría legislativa con que contaba el Gobierno de entonces, se aliaron para que la iniciativa no prosperara. Entre el 2004 y el 2012, Fernández aprobó tres reformas.
Balaguer dejó pasar el primer período de su segunda ronda de mandatos sin cambios importantes en el sistema impositivo. En 1988 aprobó el llamado Impuesto a las Viviendas Suntuarias y Solares (IVSS), con el cual involucró el esquema impositivo en el área de impuestos al patrimonio. Ya en el 1992 produjo la que hasta el momento se considera como la más profunda reforma al sistema impositivo dominicano, la cual tocó las principales fuentes posibles de alcanzar con impuestos, que son el ingreso, el consumo y la riqueza.
Esa reforma, aprobada mediante la Ley 11-92, llamada Código Tributario, aumentó en un 33.33%, entre otras cosas, la tasa del ITBI que pasó de 6% a 8%, y le agregó una serie de servicios.
Se modificó la tasa marginal del Impuesto sobre la Renta, que en ciertos niveles llegaba hasta un 46%, y se eliminó una gran cantidad de tasas y gravámenes cuya administración era más costosa que su aporte en recaudación. También diversificó el sistema de recaudación, muy dependiente del comercio exterior, y que paralelamente estaba en vía de reestructuración, con una reforma arancelaria dictada por la apertura económica mundial en proceso.
Desde el 1992 hasta el 2000 el sistema impositivo operó sin impuestos importantes creados, debido entre otras causas, al fallo de la propuesta del paquetazo, que buscaba, entre otras cosas, gravar los activos de las empresas. La administración del presidente Hipólito Mejía tiene el mayor número de incursiones impositivas para un período de cuatro años.
En el primer año de gestión aprobó las leyes 147-00 y 112-00 y al siguiente año aprobó la 12-01. En la primera ley, el ITBIS experimentó un 50% de alza en la tasa, la cual pasó de 8% a 12%, y se modificó la proporción del cobro del anticipo del Impuesto sobre la Renta (ISR), para alcanzar un 100% del impuesto liquidado, pagadero en tres cuotas de 50, 30 y 20%. La ley 112-00 de Hidrocarburos creó un impuesto específico a las gasolinas, gasoil, fuel oil y otros derivados, que comenzó con RD$18.00 por galón a la gasolina premium y RD$15.00 a la regular, con mandato de indexación trimestral.
Al inicio de su segunda etapa, el doctor Leonel Fernández presentó dos leyes de reformas, la primera como respuesta a la crisis económica que heredó, originada en la crisis bancaria del 2003, y también para compensar la pérdida de ingresos fiscales que se aproximaba con la entrada en vigencia del DR-Cafta, firmado en agosto del 2004 y que entraría en vigencia casi dos años más tarde.
También presentó un proyecto de rectificación tributaria y luego uno de emergencia, por los efectos de la crisis financiera internacional. En esas incursiones, los combustibles fueron objeto de impuestos tipo ad valorem, y los juegos de azar también recibieron su cuota de impuestos.
El presidente Medina estrenó su gestión 2012-2016 con una propuesta de reforma tributaria, que parecía la segunda reforma más abarcadora, pero que en el proceso de discusión se fue diluyendo. Se había estimado que aportaría un 2.5% del PIB. Pero lo realmente cobrado sumó apenas un 1%. El pasado director de la DGII, Guarocuya Félix, culpó de ese descenso a lo que llamó “contrarreforma” que se hizo posteriormente. l
Sinónimo
Cuando se habló del IVA en el país, se le llamó peyorativamente como el impuesto que haría ‘Imposible Vivir Aquí,’ y se derrotó la idea”.
Cambio
El impuesto a los combustibles, estrenado en el año 2000, convirtió un área vedada en una de las mayores fuentes de ingresos fiscales”.
La incógnita de la nueva gestión de Medina
En el ambiente económico empresarial dominicano está el tema de si la segunda administración del presidente Medina -urgida de mayores recursos, para pagar el incremento del servicio de la deuda y enfrentar múltiples demandas sociales- exonerará a la economía de nuevas reformas tributarias. El Gobierno, vía sus principales voceros, ha planteado que en la discusión del Pacto Fiscal, la instancia en la cual se abordará el tema tributario-fiscal, no procura aplicar nuevos impuestos, sino más bien reducir exoneraciones y exenciones, y reducir gastos. Sería aplicar la reforma integral por la que aboban los empresarios.
