Hace unos días, el gobierno del Presidente Obama premió con altos honores al burócrata encargado de llevar a cabo el arresto, detención y deportación de inmigrantes en Estados Unidos y no sólo lo honró en un banquete, sino que le dió un bono de decenas de miles de dólares por sus logros.
Tomas D. Homan, el director asociado encargado de la sección de deportaciones (ERO) de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), recibió el “Premio de Rango presidencial 2015” la semana pasada en Washington.
Este premio se otorga a empleados del gobierno federal de nivel ejecutivo que “tienen un desempeño excepcional por un período largo de tiempo” y va acompañado por un “bono de 35% del salario básico”. Sólo se otorga a menos de 1% de empleados de ese nivel y es personalmente aprobado por el Presidente, luego de un proceso de selección.
Según el comunicado de ICE el ex policía y ex patrullero fronterizo hizo un excelente trabajo especialmente en dos frentes: deportaciones de “criminales” y manejando con gran éxito la crisis de los niños y madres centroamericanas, particularmente su “gran logro” en expandir la cantidad de camas para detener a familias que entraron ilegalmente.
Agregan que las deportaciones “ayudaron a mejorar la seguridad en las comunidades”.
La reacción de grupos pro inmigrantes no se hizo esperar. La condena ante el premio a Homan fue unánime, especialmente porque está basada en una lectura muy sesgada de la realidad, dijeron activistas.
Para empezar, algunos hechos. Según los análisis de las cifras de deportaciones realizados por entidades objetivas como TRAC, la inmensa mayoría de lo que ICE y el gobierno de Obama llaman “extranjeros criminales”, realmente no lo son.
“ICE usa una definición muy amplia de lo que es un comportamiento criminal. Por ejemplo, alguien arrestado por excederse en la velocidad al manejar que paga su fianza, entra en la categoría “criminales convictos” bajo las leyes migratorias.
En 2013 TRAC halló que al menos la mitad de los deportados cometieron un delito migratorio(entrar tras una deportación, por ejemplo) o una violación de tráfico.
Sólo el 12% cometió un delito de “nivel 1” de acuerdo a la definición de ICE, como homicidio, robo, violación, asalto, etc.
Pero para el gobierno de Obama, Homan realizó una ejecución “casi perfecta” de las misiones de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE).
Reacción de organizaciones: “Es una vergüenza”
Para Avideh Moussavian, especialista en aplicación de las leyes para el National Immigration Law Center, el premio y las razones del mismo son “una vergüenza” y “restriegan sal en la herida”.
Por años se ha venido documentado la cantidad de deportaciones de padres, madres, hermanos y familiares sin delito alguno o con delitos menores cometidos años y hasta décadas antes, debido a la retroactividad de algunas leyes y el agresivo trabajo de ICE, así como programas hoy extintos como Comunidades Seguras.
“Esta es una agencia que ha ayudado a destruir a las comunidades en forma irreversible, y a separar familias, afectando la vida y la economía local”, dijo Moussavian.
Agregó la abogada que “premiar a alguien que ayudó a revivir y expandir la detención y encarcelamiento de mujeres con niños pequeños…sólo refleja la gran mancha que quedará en el legado de este gobierno”.
La mancha ha sido tal, que los dos precandidatos demócratas, Hillary Clinton y Bernie Sanders, han prometido tomar medidas para eliminar los centros de detención privados y usar otras alternativas a la detención de familias.
Cristina Jiménez, directora de la organización United We Dream dijo que “es indignante que este hombre y sus agentes puedan ganar premios cuando abusan de nuestra comunidad”.
En una entrevista con el Washington Post –cuyo artículo usó lenguaje como “cazar” a los inmigrantes ilegales– Homan dijo que sabía que su trabajo no era popular entre muchos, pero que era necesario y que además “lo hacemos cuando las personas ya han terminado todas sus opciones legales en Estados Unidos”.
Eso tampoco es cierto, apuntan activistas.
“Muchos migrantes no están recibiendo el debido proceso de ley y esto está bien documentado”, dijo Moussavian. “Sólo porque hay un papel que se llama orden de deportación, no quiere decir que sus derechos han sido protegidos en el proceso”.
De hecho, tras el arresto en enero de más de 300 jóvenes centroamericanos este mes de enero, capturados camino a la escuela y que según ICE ya no tenían recurso legal, abogados de organizaciones pro inmigrantes acudieron a jueces para detener sus deportaciones y lograron hacerlo en docenas de casos.
Grupos internacionales, funcionarios y organizaciones han criticado los llamados “rocket dockets” en tribunales de inmigración, por medio de los cuales se aceleran los casos de deportación de menores y familias sin representación legal.
Las quejas sobre el trato de los inmigrantes en los centros de detención, especialmente aquellos en manos de compañías privadas se multiplican y llenan reportes enteros.
