SD. A tres días de vencerse la autorización que tenía el Ministerio Pública para interceptar el celular del excoronel de la policía, Rafael Herrera Peña, se produce el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet.
El audio de voz que incrimina a Blas Peralta como la persona que disparó hacia el vehículo en el que se trasladaba Febrillet junto a Joel Soriano Ramírez, Omar Sosa Méndez, Rosa Elaine Mañana Ramírez y Eduar Montás Lorenzo no hubiese sido posible obtenerlo si el hecho se hubiera producido el 15 de marzo.
La jueza Arisleyda Méndez Batista autorizó el 14 de enero interceptar el número (809)222-3579, perteneciente al exoficial, acusado de intento de ocultamiento de evidencias en el caso seguido a Peralta, Geraldo Bautista Mena y Franklin Venega Rivera, sólo por 60 días.
Ayer, los imputados, por razones que aún se desconocen, fueron trasladados a la cárcel de Anamuya en Higüey, en lugar del centro de corrección de La Romana donde deben cumplir un año de prisión preventiva por disposición del juez de la Oficina de Atención Permanente, José Alejandro Vargas.
Francisco Taveras, abogado de Blas Peralta, dijo que ninguno de los enviados a prisión, recurrirán la medida en apelación, ya que por cuestiones de seguridad conviene que estén privados de libertad.
Alejandro Vargas consideró que el asesinato del exrector de la UASD es razón suficiente para dictar prisión preventiva a los acusados y que tiene pruebas suficientes para imponer una medida cautelar.
Al declarar ante el tribunal, el sindicalista dijo que va a luchar junto a la justicia para encontrar el culpable de la muerte del exrector porque al igual que la familia, él está sufriendo.
“Nosotros vamos a luchar junto a la justicia por encontrar el verdadero culpable de la muerte de Febrillet porque eso no puede quedar impune. Y aquél que lo cometió tiene que pagar por sus hechos porque yo no voy a pagar por hecho que no haya hecho”, expresó.
2 años de cárcel
Por el intento de ocultamiento de evidencia de Herrera Peña, éste únicamente podría ser condenado a una pena máxima de dos años de prisión de acuerdo con los establecidos en artículo 248 del Código Penal.“Los que ocultaren o hicieren ocultar a los reos de delitos cuya pena sea aflictiva, sufrirán prisión correccional de tres meses a dos años, si al tiempo de la ocultación tuvieren conocimiento del delito cometido”, establece el Código.
La Fiscalía lo había acusado de complicidad, pero el juez varió la calificación jurídica en su caso.
