ley obsoleta

Hace más de cinco años que el Congreso Nacional proclamó una nueva Constitución que introdujo cambios sustanciales en la conformación y funcionamiento de la Junta Central Electoral (JCE), pero aprobar la ley orgánica del Régimen Electoral que se adapte a la nueva realidad no ha estado en la agenda del Congreso Nacional, a pesar de que el país se encamina a organizar los terceros comicios bajo el régimen de una ley obsoleta.

La propuesta de reforma a la Ley 275-97 fue depositada por la JCE en el Congreso en dos ocasiones y fue elaborada por el órgano electoral con la colaboración de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El proyecto fue entregado por la OEA el 25 de septiembre del 2011 al presidente de la JCE, Roberto Rosario, y luego fue aprobado por el pleno del organismo y sometido por primera vez a la consideración del Congreso ese mismo año y reintroducido en abril del 2013 por la Cámara de Diputados.

También entidades de la sociedad civil, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y Participación Ciudadana, han alertado sobre la necesidad de la ley, pero nada se ha logrado.

De hecho, la JCE ha realizado varios seminarios y talleres con legisladores y representantes de los partidos políticos a fin de consensuar tanto la ley de partidos como la electoral, pero hasta ahora no ha servido de nada.

La ley que rige la JCE todavía habla de que ese órgano está dividido en dos cámaras, la Administrativa y la Contenciosa, y de que debería estar integrada por nueve jueces, aspecto que fueron eliminados en la reforma del 2010.

“Lo que sucede es que eso no es una prioridad, la prioridad es la agenda política pero no lo institucional”, resumió Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, el poco interés que han mostrado los partidos en aprobar la ley de reforma a la JCE.

El jurista citó también que el no aprobar esa iniciativa y la de partidos políticos, no solo es violatorio de la Constitución sino de la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que pone como límite el 2015 para aprobar las reformas al sistema electoral.

“No ha sido posible aprobar una ley que ha venido reclamando el propio presidente de la JCE, es decir, el propio presidente del órgano rector ha venido advirtiendo la necesidad de que se apruebe”, observó. “Estamos frente a un hecho grave que de alguna u otra forma atenta contra la institucionalidad”, sostuvo Castaños Guzmán.

La Finjus afirmó que el retraso en actualizar la Ley Electoral será negativo para el país cuando se evalúe la calidad de la democracia. “Eso daña la democracia y nos vamos dar cuenta cuando nos evalúen el año que viene, la calidad de la democracia se va a ver afectada por no haber aprobado la Ley Electoral y la de los partidos políticos”, puntualizó.

Criticó que los partidos no hayan tenido interés de colocar el proyecto en la agenda legislativa sobre todo en un proceso electoral en el que el presidente de la República se va a reelegir.

“Nosotros estamos frente a un entorno que obliga a que estas legislaciones se puedan aprobar para las próximas elecciones”, expresó. Para Castaños Guzmán el reto radica en que si a pesar de que la Ley Electoral pueda ser aprobada en la próxima legislatura, existan los mecanismos para su aplicación efectiva.

“Eso es parte de la cultura política y quienes están en el poder”, dijo sobre la falta de interés del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para impulsar esa iniciativa a pesar de que tiene el control del Congreso.

Debate electoral, un aporte proyecto

La propuesta de ley orgánica del régimen electoral, elaborada por la JCE y la OEA, establece regular los actos del gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y los ayuntamientos en las actividades políticas, es decir, limita su participación en actividades de inauguración que pudieran vincularse con la campaña electoral.

Otro aspecto es que para la obtención de la primera cédula se reduce la edad de 16 a 12 años. El proyecto también prevé eliminar el término indio para identificar a los dominicanos por el color de la piel por lo que se usarán mulatos, negros y blancos.

Igualmente, un aporte del proyecto que reposa en el Congreso sería la obligatoriedad de organizar debates electorales entre los candidatos a la Presidencia que en las encuestas tengan más de un cinco por ciento de aceptación. Los cara a cara estarían organizados por la JCE y prevé sanciones para los partidos que se nieguen a debatir.

Escepticismo
En el hipotético caso de que se aprueben antes de las elecciones yo no sé si habrá tiempo y si existen las condiciones para ponerla en vigencia”

Prioridad
La ley electoral no es prioridad porque aquí la prioridad es la agenda política, pero no la agenda institucional, eso no le interesa a los partidos”

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