SANTO DOMINGO. Una persona que se endeude para pagar intereses, más temprano que tarde será arrollada por la deuda. Lo mismo sucede con los Estados. Y lo mismo podría suceder con la República Dominicana si continúa por el rumbo de su actual endeudamiento.
En 2007, lo que la República Dominicana destinaba de sus ingresos fiscales al pago de los intereses de la deuda pública era un 6.6 %, lo que en dinero contante y sonante sumaba RD$15,700.6 millones.
Pero este porcentaje se disparó con fuerza hacia arriba, y se estima que para el 2016 alcance el 19.9% para continuar hacia el 23% en 2017. Según las estimaciones oficiales, en esos años del presupuesto público no financiero se deberán destinar RD$97,767.4 millones y RD$121,213.8 millones, respectivamente. Estos montos representan el 75.3% y el 85.9% del presupuesto del Ministerio de Educación para esos años respectivos. Si se compara con los presupuestos proyectados para esos años del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, equivalen al 156.4% y 192.9%.
Pero si se incluyen los intereses que el Banco Central paga por sus instrumentos de política monetaria, estos porcentajes serían mucho mayores. En los años 2013 y 2015, para cubrir esos intereses, el Banco Central pagó RD$48,178.1 millones en 2013, y RD$53,758.9 millones en 2014.
El tema de la deuda pública nuevamente tomó un primer plano en los medios, después de que la Misión del Fondo Monetario, que estaba de visita en el país entre el 10 y el 20 noviembre, emitió su comunicado.
Los técnicos del FMI destacan que de no implementarse políticas que lo eviten, el déficit consolidado del sector público se proyecta en el mediano plazo en alrededor del 5% del PIB.
Para su estimación, los técnicos incluyen los déficits del sector eléctrico y del Banco Central. Como resultado de esos déficits, proyectan que la deuda púbica consolidada ascendería a cerca de 54% del PIB en 2020, al mantener una tendencia creciente desde menos del 50% en que quedaría finalizado 2015.
El FMI aconseja al Gobierno que “acelere el proceso de consolidación fiscal” iniciado en agosto de 2012 (fecha de la última reforma tributaria), con el objetivo de lograr un superávit primario (para pagar los intereses) y así “revertir la trayectoria ascendente de la deuda”. Es la forma técnica de aconsejar otra reforma tributaria o fiscal.
