Tras años de postergarse, la ley aprobada por el Congreso en 2005 será puesta en vigor a nivel nacional el 22 de enero de 2018. Exige que la licencia de conducir sólo podrán obtenerla ciudadanos, residentes y extranjeros legales en EEUU.
La llamada ley Real ID (ley de Identificación Verdadera) fue aprobada por el Congreso el 10 de abril de 2005. Sin embargo, ni Bush ni Obama dejaron que entrara en vigor por presión de los estados. Ahora con Trump, ya hay fecha de entrada en vigor: 22 de enero de 2018. Así lo anunció el martes el secretario de seguridad nacional John Kelly.
El Real ID endureció los requisitos para identificar a los ciudadanos en respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Uno de ellos, exige que los estados unifiquen los códigos de seguridad para otorgar licencias de conducir, decisión que para algunos es el primer paso hacia el carné o cédula nacional de identidad.
El secretario Kelly explicó que la puesta en vigor del reglamento del Real ID, a partir del 22 de enero, “evitará” otro atentado como el registrado en Washington DC, Nueva York y Pennsylvania, y aseguró que el presidente Donald Trump no hará “exenciones” como lo hicieron sus antecesores.
La ley de Identificación Verdadera fue agregada a la ley Suplementaria de Gastos Militares para las guerras en Afganistán e Irak (HR 1268). Establece que los estados sólo podrán otorgarla a los ciudadanos y extranjeros con estadía legal en el país. Exige que los peticionarios del documento deberán aportar “pruebas” emitidas por el servicio de inmigración al momento de otorgar el documento, cuya validez será similar al tiempo de estadía permitido por el gobierno.
Temores fundados
Abogados y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes temen que la implementación del Real ID a nivel nacional “ponga en situación de riesgo”, por ejemplo, a residentes legales permanentes que tengan algún tipo de antecedente criminal
“No sabemos si cuando gestionen la nueva licencia, el Departamento de Vehículos y Motores (DMV) compartirá la información con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
Sánchez agregó que “se supone que no habría contacto entre la agencia que emite las licencias e inmigración. Pero si existe algún grado de colaboración, puede que empecemos a reportar que personas residentes legales, por ejemplo, que tienen algún delito, terminen en proceso de deportación”.
“Pero no pueden negarle la licencia por el hecho de tener una falta”, agregó. “Los residentes legales permanentes tienen derechos que, para quitárselos, es un proceso largo.
Los indocumentados
En cuanto a los indocumentados, Sánchez-Roig dijo que, “de acuerdo con el reglamento del Real ID, las nuevas licencias sólo pueden ser emitidas a los ciudadanos, los residentes legales permanentes y los extranjeros que tienen residencia legal en el país”.
Explicó que algunos estados “han identificado u otorgado licencias a indocumentados”, pero que de acuerdo con las reglas del Real ID, “estas personas podrían tener dificultades para subirse a un avión dentro de Estados Unidos”.
“Varios estados, entre ellos Florida, no le otorgan identificación ni licencia a los indocumentados. Por tanto, los indocumentados que viven en este estado, aunque tengan algún otro tipo de identificación, no podrán volar”, indicó. “Podrán usar sus identificaciones para otros fines, pero no para abordar un avión bajo las leyes federales”.
Para Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), el Real ID “limitará la capacidad de los gobiernos locales para otorgar documentos de identidad a personas indocumentadas. Tendrán que darles otro documento diferente al del resto de las personas”.
El reglamento del Real ID
El gobierno aseguró en ese entonces que la nueva licencia será un documento de identidad más seguro, a prueba de falsificaciones y planeada para que los terroristas no puedan adquirirlo.
«Estas nuevas licencias darán a la policía y personal de seguridad una poderosa ventaja contra los documentos falsificados, y un alivio a la ciudadanía que desea proteger su identidad de robo por un criminal o un extranjero con permanencia ilegal», dijo el entonces secretario del DHS, Michael Chertoff.
En un principio el Real ID iba a entrar en vigor en 2008, pero debido al rechazo por parte de los estados y grupos defensores de las libertades civiles y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, el gobierno federal ha prorrogado la fecha.
El DHS ha advertido que las nuevas licencias otorgados por los gobiernos estatales que no colaboren con el programa estipulado por el Real ID, no serán aceptados como documento de identidad federal.
No todos han cumplido
El DHS confirma que la tercera se mana de mayo solo 24 estados y la capital estadounidense cumplían con el reglamento del Real ID (Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, Connecticut, Dakota del Sur, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Hawai, Indiana, Iowa, Kansas, Maryland, Mississippi, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Ohio, Tennessee, Utah, Vermont, Wisconsin y Wyoming).
Otros cinco estados (California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Texas) tienen hasta el 10 de octubre para emitir licencias con las nuevas reglas.
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), dice que nueve Estados no han implementado los nuevos requerimientos de seguridad, siendo ellos: Carolina del Sur, Kentucky, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, Oklahoma, Pennsylvania y Washington, y advierte que el plazo para implementar las medidas de seguridad vence el 22 de enero de 2018.
ACLU no está de acuerdo
Desde que de que fue aprobada el Real ID en el 2005, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha mantenido una campaña nacional de rechazo a la legislación. “Convertirá nuestras licencias de conducir y tarjetas de identificación en cartas de identidad nacionales, costaría billones de dólares en implementar, y el proceso para adquirirla se hará más difícil para los solicitantes, sin hacer nada para protegernos del terrorismo”, advierte.
La ACLU dice que a cada estado le costará cerca de $4,000 millones de dólares implementar las nuevas licencias, y a los contribuyentes por estado unos $5,800 millones de dólares. “Todo este dinero son fondos que podrían ser utilizados en la educación, viviendas, mejoras al sistema de transporte público, reparar la infraestructura, además de muchas otras cosas que necesitan.
Agrega que el nuevo carné de manejar ha significado colas más largas las oficinas del DMV, tarifas más altas, y complicaciones al momento de mostrar la identificación necesaria, ya sea para abordar un avión o ingresar a un edificio federal.
La ACLU también teme que el Real ID cree una nueva base nacional de datos que, dice, podría ser utilizada fácilmente por ladrones de identidad, y haría más fácil el monitoreo de individuos por parte del gobierno federal.
