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SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, informó este jueves que el Ministerio Público solicitará que sea fijada una audiencia de apelación interpuesta por los pilotos franceses Jean Pascal Fauret y Bruno Armand Víctor Odos en la que se pedirá su suspensión de libertad y que sean declarados en rebeldía y así solicitar órdenes de busca y captura internacional.

“Confiamos así en que la cooperación entre las autoridades dominicanas, francesas y la Interpol traerán a estos prófugos ante la justicia dominicana, donde deberán cumplir sus merecidas condenas”, enfatizó el procurador durante una rueda de prensa.

Domínguez Brito atribuyó a la Justicia las debilidades que han dado lugar a la fuga de los pilotos franceses condenados a 20 años de prisión.

En rueda de prensa, con la presencia de la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, la directora del Departamento de Asistencia Jurídica Internacional y Extradición, Gisela Cueto, y el fiscal acusador de los franceses, Milcíades Guzmán, defendió la responsabilidad con que el Ministerio Público ha actuado en el caso.

Los fugitivos son los pilotos Jean Pascal Fauret y Bruno Armand Víctor Odos, ambos condenados por narcotráfico.

“En este momento, es de trascendental importancia que todo el país y la comunidad internacional, conozca de primera mano la verdad, para evitar especulaciones y versiones equívocas de lo ocurrido”.

Domínguez Brito aclaró que el gobierno dominicano ha actuado de forma totalmente responsable desde el inicio de este caso, que permitió el arresto y condena de los ahora prófugos.

Dijo que tanto las autoridades del Ministerio de Interior, como la Dirección General de Migración y la Procuraduría General, han actuado en todo momento con total apego a las leyes.

Expuso que a lo largo del proceso que culminó en la condena de los acusados, el Ministerio Público no cejó en pedir medidas de prisión preventiva contra los cuatro ciudadanos franceses.

“Queremos destacar igualmente la colaboración que han mostrado las autoridades judiciales francesas, quienes en todo momento han cumplido los acuerdos firmados”.
Asimismo, declaró que los fiscales se vieron en la necesidad de recusar cerca de cinco jueces, por entender que en su momento no respondían al mandato constitucional del debido proceso de ley, resultando algunas de estas impugnaciones acogidas y otras rechazadas.

“Finalmente, el Tercer Tribunal de la Instrucción reconoció que el Ministerio Público había presentado pruebas suficientes para una condena”.

Sin embargo, agregó que en esa misma decisión que el tribunal decide variar la medida de coerción privativa de libertad, favoreciendo a los imputados con una medida mucho más laxa, como son la presentación periódica el primer lunes de cada mes ante el organismo persecutor, así como el impedimento de salida del país.

“Esto fue lo que permitió que los condenados transitaran sin custodia por el territorio nacional y facilitó su fuga”, significó.

Detalla que cuando el pasado 14 de agosto recibieron una condena de 20 años de prisión, una vez más en Ministerio Público, y así consta en la sentencia, reclamó ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la restitución de la prisión preventiva.

“Porque entendimos que al imponer una pena de la magnitud solicitada, se incrementaba el peligro de fuga. Este pedido, totalmente alineado con la norma fue, sin embargo, rechazado por los magistrados”, argumentó.

Proclamó que la tibieza ante estas redes internacionales que utilizan el territorio como puente para el narcotráfico, ha tenido graves consecuencias.

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