Tras recibir una segunda derrota en el foro judicial federal, el gobierno puertorriqueño pondera recurrir a la máxima corte estadounidense para insistir en su supuesta prerrogativa de legislar un mecanismo de bancarrota para sus corporaciones públicas.“La decisión emitida por este panel con relación a la Ley para la Recuperación de las Corporaciones Públicas adoptada en Puerto Rico es sumamente decepcionante. La misma adjudica como válido el estado de discrimen establecido contra Puerto Rico al excluírsele de la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra por acción del Congreso en 1984?, dijo en declaraciones escritas el secretario de Justicia, César Miranda.
Miranda describió como “arbitrario e inconcebible” que Puerto Rico no posea un mecanismo adecuado para resolver sus problemas de insolvencia al tiempo que indicó que examinará junto a otros funcionarios del gobierno y el gobernador Alejandro García Padilla si acudirán con sus reclamos a la Corte Suprema de los Estados Unidos.Las expresiones de Miranda surgen en respuesta a un fallo del panel compuesto por los jueces de Apelaciones Howard, Lynch y Torruella en el Primer Circuito. Los jueces concluyeron que la Ley para el Cumplimiento de la Deuda y la Recuperación de las Corporaciones Públicas (PCDERA, en inglés) es inconstitucional, validando así el fallo del juez de distrito de Puerto Rico, Francisco A. Besosa.Según Miranda, el fallo hace “indispensable” que Puerto Rico insista al Congreso para extender el alcance del capítulo 9 del Código de Quiebras federal a los municipios y otras entidades gubernamental de la Isla.
“Renegociar la deuda de nuestras corporaciones públicas y del país exclusivamente a base de consenso y sin contar con un código ordenado, ha de resultar sumamente difícil y complejo”, explicó Miranda.El gobierno comenzó una campaña de cabildeo en favor del capítulo 9 para Puerto Ricohace unos meses, cuando endosó el proyecto 870 de la autoría del comisionado residente Pedro Pierluisi.
No obstante, desde el pasado 29 de junio, el gobierno ha intensificado sus estrategias para llamar la atención de funcionarios federales, al develar un informe que concluye que Puerto Rico posee una tendencia de endeudamiento insostenible. El informe preparado por los execonomistas del Fondo Monetario Internacional, Anne O. Krueger, Andrew Wolfe y Ranjit S. Teja, apunta a un déficit que equivale al 5% del Producto Interno Bruto. Ello, utilizando la metodología utilizada principalmente para emisores de deuda soberana bajo el artículo IV del FMI. El método también se aplicó antes para Hong Kong, un territorio autónomo de la República Popular de China.
