La República Dominicana participó hoy en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington (CIDH), donde externó su preocupación por las reiteradas convocatorias a audiencias para abordar el tema del derecho a la nacionalidad dominicana, tras considerar que ya ha sido suficientemente debatido.
Recordó que la CIDH realizó en diciembre de 2013, «hace apenas tres meses, una visita in loco, por invitación del Gobierno dominicano», en la cual tuvo la oportunidad de tratar de manera directa, con todos los actores, los temas que fueron ventilados en esa audiencia, informó en una comunicación de prensa la Cancillería.
La embajadora Radhys Abreu de Polanco, quien representó al país en la audiencia temática sobre la situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, precisó que aún la CIDH tiene pendiente rendir el informe correspondiente para que el Estado pueda formular las observaciones de lugar.
El despacho de prensa dice que durante esta audiencia, Abreu de Polanco explicó que, a través de la Junta Central Electoral, ya se realizó un levantamiento en el cual se inventarió el número de extranjeros inscritos en el registro civil del país, sea de manera regular o irregular.
Puntualizó que en noviembre de 2013, la JCE escrutó los registros de nacimientos de hijos de padres extranjeros, evidenciándose que personas de 117 nacionalidades habían registrado los nacimientos de sus hijos entre 1929 y 2007.
Expuso que «los libros fueron escrutados teniendo en cuenta los criterios legales relativos al régimen de adquisición de la nacionalidad dominicana, establecidos en las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional de nuestras normas jurídicas en sus respectivos pronunciamientos».
Las otras dos audiencias en la que participó el Estado dominicano versaron sobre los derechos humanos de las mujeres y la situación de los trabajadores migrantes haitianos.
Derechos de los trabajadores migrantes
La República Dominicana aseguró ante la CIDH que es un Estado fundamentado en el respeto a la dignidad humana y que las leyes concernientes al trabajo rigen sin distinción a dominicanos y extranjeros, salvo las derogaciones emitidas en los convenios internacionales.
La embajadora Abreu observó que el Código de Trabajo en su principio VII prohíbe cualquier discriminación, exclusión, preferencia basada en motivo de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa.
Aclaró que el Código Laboral Dominicano aplica sanciones para trabajadores nacionales y migrantes sin restricción alguna y cuando los derechos laborales les son afectados pueden proceder por ante el Ministerio de Trabajo o ante los tribunales laborales de la República Dominicana.
Puntualizó que la Ley General de Migración No.285-04 y su Reglamento de Aplicación contemplan reglas específicas en cuanto al estatus de los trabajadores migrantes en la República Dominicana y garantizan la aplicación de la ley, protegiendo en todo caso el derecho de los migrantes a no ser discriminados, a la vez que protege la soberanía nacional.
Situación de los derechos humanos de la mujer
En la audiencia relativa a la situación de los derechos humanos de la mujer, Radhys Abreu de Polanco enfatizó que en 1997, en la República Dominicana se institucionalizó una política pública dirigida a prevenir, prestar servicios de atención y sancionar la violencia contra la mujer.
«Desde esa fecha se han creado leyes, normativas, mecanismos, políticas, instrumentos y programas en los poderes del Estado Dominicano para la atención integral de esta problemática», detalló.
Entre los mecanismos creados citó al Ministerio de la Mujer; la Procuraduría Adjunta de la Mujer; Unidades de Atención Integral a la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar; las oficinas provinciales y municipales de la mujer; una Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar, entre otros.
Resaltó que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece el enfoque de género como eje transversal, al instituir que todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas incorporen el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, aseguró que éste aspecto constituye uno de los principales retos para la política pública de género en la República Dominicana en la última década y por ello a partir del 2012, la prevención de la violencia contra las mujeres se integró al Sistema de Metas Presidenciales.
Explicó que ahora se cuenta con un sistema de estadísticas en la Procuraduría General de la República, que muestra el incremento de las denuncias por este delito, incluida la violencia sexual y de la prevalencia de los feminicidios, según variables demográficas y sociales.
«Se observa una tendencia a la reducción de los feminicidios registrándose 233 en el 2011, 196 y 160 en 2012 y 2013 respectivamente, lo que implica una reducción de 18.4% en el último años», concluyó.
(fuente el listin diario)
