Un juez federal aprobó el lunes una solicitud de autoridades federales y de California para alimentar a la fuerza, si es necesario, a prisioneros en momentos en que una huelga de hambre en cárceles de todo el estado entra en su séptima semana. Las autoridades dicen temer por el bienestar de casi 70 reos que se han negado a comer los alimentos que les ofrecen las prisiones desde que la huelga comenzó el 8 de julio, en protesta por la asignación de líderes de pandillas y otros presos en celdas de aislamiento solitario por un tiempo que puede extenderse décadas.
Esos están entre casi 130 presos en seis instalaciones carcelarias que se niegan a comer. Cuando comenzó la huelga abarcó a casi 30.000 de los 133.000 reos en las prisiones de California. Las normas son dejar que los prisioneros mueran de hambre si han firmado documentos, de cumplimiento obligatorio, que piden que no los reanimen en caso de una crisis de salud.
Pero funcionarios estatales de prisiones y un interventor federal que controla los servicios médicos a los reos recibieron autoridad del juez federal de distrito Thelton Henderson, de San Francisco, para alimentar a los prisioneros cuya salud pueda estar menguando. La orden incluye a los que firmaron recientemente solicitudes de no ser reanimados. Henderson supervisa una demanda sobre el «servicio médico» a los reos. La solicitud del lunes ocurrió en momentos en que funcionarios de prisiones y abogados de los prisioneros debatían si se debe permitir a los huelguistas comenzar a ingerir una dieta líquida. «Los pacientes tienen el derecho a rechazar el tratamiento médico.
También tienen el derecho de negarse a comer», dijo Joyce Hayhoe, portavoz del despacho del interventor. Pueden alimentarlos vía intravenosa Sin embargo, «si un reo llega al punto en que no puede decirnos qué desea, por ejemplo, si lo encontramos sin sentido en su celda, y no tenemos una solicitud de no reanimarlo, vamos a alimentarlo. Eso es lo que hacen los médicos. Van a seguir sus normas éticas», dijo Hayhoed. «Tomaremos todas las medidas necesarias para salvarles la vida».
El procedimiento puede incluir la administración de fluidos por vía intravenosa o a través de una sonda nasogástrica. Funcionarios de prisiones ya pueden solicitar una orden judicial que obligue a un reo en particular a alimentarse, aunque no lo han hecho. Ahora esos funcionarios y el despacho del interventor solicitan una autorización general para tomar esa medida sin tener que solicitar una orden judicial para cada caso en particular.
