Más de 270 personas de los distintos ámbitos sociales se constituyeron ayer en un “Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas” por la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano de septiembre pasado que dispone revocar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales que fueron inscritos en el registro civil desde 1929.
Durante una rueda de prensa, los voceros del comité proclamaron una disposición constructiva para unir voluntades y buscar una solución constitucional y humana a la situación de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que serían empujadas a un gueto o apartheid.
La declaración constitutiva presentada alienta “la sensibilidad expresada por el presidente Danilo Medina, quien reconoce la necesidad de encontrar una solución al grave problema que representan las personas desnacionalizadas”.
El documento, que fue leído por el reverendo Julio Holguín, indica que la sentencia pretende una aplicación de una norma en perjuicio de miles de personas, violentando el principio universal de irretroactividad de la ley, ratificado en el artículo 110 de la Constitución vigente que reza: “La ley sólo dispone para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.
Sostiene que “para excluir a millares de ciudadanos y ciudadanas de la nacionalidad dominicana, el TC reinterpretó las constituciones dominicanas que hasta la del 2010 otorgaban la nacionalidad a todas las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos de diplomáticos y “los que están de tránsito”, extendiendo esto último por tiempo indefinido, en contradicción con el Reglamento de Migración 279 del 12 de mayo de 1939, que limitaba la condición de tránsito a diez días.”
“Estamos frente a un grave drama humano que rebasa los límites de la inmigración y que, aún si faltare el derecho, obligaría a una solución que evite la constitución de un apartheid de cientos de miles de personas, el cual se trasmitiría indefinidamente a sus descendientes. Afecta a seres humanos cuyo vínculo fundamental es la sociedad dominicana, que no se podrían ir para ningún otro país”, afirma el Comité.
Resalta la perspectiva en que se coloca a la nación dominicana de espaldas a principios y cuestiones básicas y sensibles de la convivencia universal marcada por los movimientos migratorios, lo que nos expone a condenas internacionales ya anticipadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
(FUENTE EL LISTIN DIARIO)
