SANTO DOMINGO, RD.- El director general de Aduanas (DGA), Fernando Fernández, aseguró este martes en la Z101 que el país ha perdido 17 millones de pesos diarios desde el pasado 15 de agosto, día desde el cual esa entidad pretendía aplicar impuestos a los artículos comprados por Internet con un precio inferior a los 200 dólares.
“Desde el 15 de agosto hacia acá el país ha perdido 17 millones de pesos todos los días, porque hay un grupo de empresarios que sin haber ley que les libere del pago de impuestos están dejando de pagarlos”, manifestó.
El funcionario indicó, en el programa especial de El Gobierno de la Mañana desde esa dirección, que con respecto a los «courriers», el Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitió un fallo, pero que éste no ha sido motivado, por lo que dijo que una sentencia que “no ha sido motivada no existe”.
“Ahora la Dirección General de Aduanas, llevará este caso a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), si eso continúa así, al final el único que perderá será el país, pues 17 millones de pesos se pierden todos los días porque un grupo de empresarios decidió no pagarlos”, sostuvo.
Fernández manifestó que en el caso de los courriers, es un tipo de negocio que se da en todas partes del mundo, pero que en el país no lo quieren pagar.
“Ya tenemos multas de algunas de esas personas, y recientemente acabamos de multar uno por casi 10 millones de pesos”, indicó el funcionario en la entrevista en El Gobierno de la Mañana desde su sede.
Fernández indicó que en este caso no se trata de penalizar a nadie sino de hacer cumplir lo que establecen las leyes dominicanas.
El funcionario manifestó que a pesar del fallo del TSA, que ordenó a la DGA abstenerse de cobrar impuestos a las compras hechas por Internet inferiores a 200 dólares, la institución que dirige tiene derecho a recurrir esa sentencia.
Al ser preguntado sobre la evasión fiscal, Fernández dijo que la DGA elaboró un programa para aumentar los niveles de cobros.
Manifestó que por primera vez, Aduanas recaudará lo que el presupuesto les manda debido a que hay un componente muy elevado de eficiencia.
El funcionario explicó que en el caso de que una persona entre un producto y declare que se trata de otro, eso se enmarcaría dentro de lo que es contrabando.
Fernández agregó que la ley les impide dar informaciones de terceros, en referencia a empresarios que tengan deudas con la entidad.
