SANTO DOMINGO. El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, cuestionaron la variación de la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica que ordenó el Tercer Juzgado de Instrucción a favor del dirigente reformista José del Carmen Cruz, acusado por falsificar medicinas.
“Quien se dedica a falsificar medicamentos, es tan criminal como el que mata o manda a matar por dinero”, exclamó Domínguez Brito.
Agregó que “es un atentado contra la salud de los seres humanos, un delito tan grave como la tentativa de homicidio, pues estamos hablando de adulterar, falsificar o distribuir medicamentos vencidos, que son adquiridos por pacientes con enfermedades terminales, con padecimientos de presión arterial, diabetes, deficiencias cardíacas, y que confían en que los mismos surtirán los resultados esperados”
Guzmán Marcelino dijo que resulta inadmisible que un verdadero juez, sea éste suplente o titular, produzca tal fallo ante un caso que califica de criminal.
Aseguró que recurrirá la decisión.
