SANTO DOMINGO. Los Diputados aprobaron ayer la resolución de contrato de dos préstamos suscritos entre el país y los bancos Interamericano de Desarrollo (BID) e Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el primero para financiar el Programa de Apoyo a la Consolidación del Sector Salud y de la Seguridad Social II.
El otro es para financiar políticas de desarrollo para la gestión de las finanzas públicas. Ambos ya fueron aprobados por el Senado, y ahora pasan al Poder Ejecutivo para su ejecución.
El primero de los empréstitos tiene un valor de US$300 millones y el segundo de US$60 millones.
Los dos proyectos fueron depositados a principios de este mes por ante el Senado de la República, donde fueron aprobados la semana pasada.
El préstamo con el BID tendrá una tasa de interés basada en Libor determinada por el banco para cada trimestre, más un margen aplicable para capital ordinario. La amortización será hecha en 10 cuotas semestrales consecutivas.
El país deberá pagar una comisión de crédito de 0.75% sobre el saldo no desembolsado.
En cuanto al préstamo de US$ 60 millones, tiene una tasa de interés aplicable Libor a seis meses, más un margen fijo de 1.30 %, y el plazo del crédito es de 23 años, con un período de gracia de 11 años, contados a partir de la fecha de la firma del contrato.
El contrato establece que República Dominicana pagará una comisión de gestión de 0.25% del monto total del préstamo, y en adición otra comisión de compromiso de igual porcentaje anual, sobre el monto no desembolsado.
El acuerdo entrará en vigencia cuando las partes concluyan las formalidades legales de rigor.
Crítica
Durante los debates, la diputada Minou Tavárez Mirabal criticó que en el contrato del préstamos de US$60 millones, la página 18 de la versión digital está escrita en idioma inglés, lo que considera una grave irregularidad.
De su lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, dijo que tomará acta de lo que dijo Tavárez Mirabal, y de inmediato sometió a votación el contrato.
Otras resoluciones aprobadas
En la última sesión del año, los diputados declararon de urgencia, y aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley de Seguridad Privada (guachimanes), que estaba a punto de perimir, y es de la autoría del senador Adriano Sánchez Roa.
También aprobaron en única lectura el Protocolo suscrito en Montreal en abril de 2014, que modifica el convenio sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronave, suscrito en Tokio el 14 de septiembre de 1963.
Los diputados dieron su voto favorable al acuerdo entre las naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la República Dominicana, relativo al establecimiento de la oficina de la entidad en el país.
Mientras tanto, rechazaron el proyecto de ley que modifica la Ley 28-01, que buscaba incluir la provincia Valverde a las que integran la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.
Mandan tratado de extradición a comisión
Después de un debate de más de media hora en torno a lo oportuno y actualizado de tener un nuevo tratado de extradición entre el gobierno dominicano y el de los Estados Unidos, firmado el 12 de enero de este año, los diputados decidieron enviar la resolución a la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados. La resolución dividió las opiniones de los legisladores, que entendían que la pieza es actualizada, y permitiría perseguir el delito criminal y de droga y los que entendían que el tratado no reivindica el derecho del país en materia de extradición. Los diputados Víctor Suárez y José Tejada motivaron la pieza, asegurando que establece un antes y un después en materia de extradición, porque además de que eliminaría el actual que data del 1909, terminará con la manera ágil y fácil que tiene los Estados Unidos para pedir en extradición a dominicanos que hayan cometido algún delito en la nación norteamericana, mientras República Dominicana no puede hacer lo mismo. Demóstenes Martínez y Vinicio Castillo lo rechazaron, porque no reivindica el derecho del país.