El Gobierno impuso nuevas sanciones contra altos funcionarios venezolanos, en respuesta a los episodios de represión y las violaciones de derechos humanos ocurridas en el último año en el país a raíz de las protestas contra el Ejecutivo de Nicolás Maduroque comenzaron en febrero de 2014.
El presidente, Barack Obama, emitió hoy una orden ejecutiva que «implementa y amplía» las sanciones aprobadas por el Congreso a finales del pasado año y, además, declaró una situación de «emergencia nacional» ante el «riesgo extraordinario» que supone la situación venezolana para la seguridad de Estados Unidos.
«Determino que la situación en Venezuela, incluida la erosión de garantías de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de oponentes políticos (…) constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de EEUU, y declaro una emergencia nacional para lidiar con esa amenaza», aseguró el mandatario en la orden.
Obama, cuya Administración quiso durante meses dar espacio a los diálogos entre Gobierno y oposición venezolanos auspiciados por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), tomó finalmente la decisión de incrementar las medidas contra algunos de los responsables -según EEUU- de las violaciones de derechos humanos en el país caribeño ante el paulatino incremento de las tensiones.
«Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar la intimidación hacia sus opositores políticos. Los problemas de Venezuela no pueden ser resueltos criminalizando a la disidencia», aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, en un comunicado.
«Hemos pedido reiteradamente al Gobierno venezolano que libere a aquellos que ha encarcelado injustamente, así como que mejore el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la libertad de expresión y de reunión pacífica», reiteró Earnest.
La lista de los 56 funcionarios sancionados por la ley aprobada en el Legislativo el pasado diciembre no se ha hecho pública, aunque la Casa Blanca divulgó hoy el nombre de siete personas afectadas por las sanciones.
Con todo, se desconoce si los siete individuos, a los que se les congelará y bloqueará cualquier bien bajo jurisdicción estadounidense y se les prohibirá la entrada al país tras la orden de hoy, también se encuentran en ese listado.
No obstante, según indicaron altos cargos oficiales en una rueda de prensa telefónica, «sería lógico que las sanciones se solaparan» y que estos siete altos cargos ya formaran parte de los designados por el Congreso.
Entre los sancionados, todos ellos vinculados de algún modo a las fuerzas de seguridad venezolanas, se encuentran Gustavo Enrique González López, director general delServicio Bolivariano de Venezuela de Inteligencia Nacional (SEBIN); y el ex director de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio José Benavides Torres.
La lista la completan Justo José Noguera Pietri, excomandante General de la GNB; Katherine Nayarith Haringhton, fiscal nacional de la Oficina del Ministerio Público;Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional; Manuel Gregorio Bernal Martínez, exdirector General del SEBIN; y Miguel Alcides Vivas Landino, inspector General de las Fuerzas Armadas Bolivarianas (FANB).
«No son medidas tomadas contra el Gobierno en su conjunto, ni contra el pueblo venezolano ni contra su economía», dijeron las mismas fuentes oficiales durante la conferencia telefónica.
«El presidente de Venezuela -reiteraron- puede o no hacer un comentario sobre las acciones que estamos tomando hoy bajo la ley estadounidense, pero ciertamente no están destinadas a afectar a la gente de su país».
Los altos cargos estadounidenses insistieron en que esta postura del Gobierno de Obama responde a un decisión «soberana» de EEUU que evite que las personas involucradas en esas actividades en Venezuela puedan mantener relaciones económicas o de otro tipo con el país.
No obstante, subrayaron que el Ejecutivo de Obama «quiere tener una buena relación con Venezuela» y trabajar sobre un intercambio «constructivo» en su relación bilateral, aunque reconocieron que ése no parece ser el deseo de Maduro.
Las sanciones de hoy, aseguraron, tienen el propósito de «señalar las violaciones de derechos humanos y la corrupción» que sufre el Estado venezolano, a la vez que tratan de persuadir al Gobierno de Maduro de que tome medidas que permitan la libertad de reunión, expresión y el derecho a un juicio justo en Venezuela.
Maduro anunció la semana pasada la reducción del centenar de funcionarios diplomáticos de la embajada de EEUU en Caracas a niveles similares a los 17 que mantiene su Gobierno en Washington, y dispuso que se solicite visado a los estadounidenses que quieran visitar el país caribeño.
Las relaciones entre Venezuela y EEUU son muy limitadas desde que en 2010 retiraran a sus respectivos embajadores cuando aún era presidente Hugo Chávez (1999-2013).
Esas tensiones se han recrudecido tras las acusaciones por parte de Maduro de que Washington ha apoyado planes de conspiración para derrocar a su Gobierno y la reciente detención del alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma
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