Un asesino serial fue ejecutado el jueves en Texas después de que la Corte Suprema federal rechazó la exigencia de sus abogados de que el estado proporcionara información sobre su proveedor de fármacos para la inyección letal. Tommy Lynn Sells, de 49 años, fue el primer reo en ser ejecutado utilizando una dosis del nuevo suministro de pentobarbital que las autoridades carcelarias de Texas obtuvieron para reemplazar un lote del poderoso sedante que expiró.
Sells rechazó dar una declaración. A medida que el coctel de fármacos comenzó a ingresar a sus brazos dentro de la cámara de la muerte en Huntsville, el reo realizó unas cuantas inhalaciones, sus ojos se cerraron y comenzó a roncar. Después de menos de un minuto dejó de moverse. Fue declarado muerto 13 minutos más tarde, a las 6:27 p.m. Previamente durante el día, los abogados de Sells habían solicitado a la Corte Suprema detener la ejecución, después de que una corte de apelaciones determinó el miércoles que se realizara como estaba programada. Una corte de menor instancia había detenido la ejecución ese día, ordenándole al Departamento de Justicia Penal de Texas que revelara más información sobre su proveedor de fármacos, pero ese fallo fue revocado rápidamente en una apelación. Sells, quien afirmó haber cometido hasta 70 asesinatos en diversas partes de Estados Unidos, fue sentenciado a muerte por matar a puñaladas a una niña de 13 años en el sur de Texas en 1999.
Perdió además una apelación previa ante el máximo tribunal de la nación que argumentaba que su caso debía ser revisado porque tuvo una mala asesoría durante su juicio por homicidio. En su apelación relacionada con los fármacos, los abogados de Sells argumentaron que necesitaban conocer el nombre de la farmacia que proveía ahora al estado el pentobarbital utilizado en las ejecuciones para poder verificar la calidad del producto y proteger a su cliente de dolor y sufrimiento, lo cual está garantizado en la Constitución. Pero la Corte Suprema, al igual que la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, respaldó la posición de las autoridades carcelarias de Texas, quienes argumentaron que el nombre del proveedor debe mantenerse en secreto para protegerlo de amenazas de violencia. La Corte Suprema dictaminó al respecto aproximadamente una hora antes de la ejecución, sin dar más detalles sobre las razones que sustentaron su fallo. El caso en la corte para desafiar la posición del estado también incluyó al mexicano Ramiro Hernández Llanas, de 44 años, cuya ejecución está programada para la semana próxima. Pero el fallo del tribunal del Quinto Circuito sólo afectó a Sells.
Fuente:20minutos
