El colapso del sistema migratorio estadounidense va a permitir, de facto, a muchos de los menores centroamericanos que están entrando ilegalmente en EE.UU. quedarse en el país mientras dure el largo proceso burocrático que puede acabar o no en su deportación.
Aunque las autoridades aseguran una y otra vez que «la mayoría» de los indocumentados que están llegando serán devueltos a sus países de origen, lo cierto es que ni la legislación ni los recursos permiten cumplir esa amenaza a corto plazo.
La llegada por la frontera sudoriental de más de 57.000 menores sin compañía de un adulto en los últimos meses ha desbordado a las autoridades federales y a las del estado de Texas, que no tienen instalaciones suficientes para recibirlos.
Tampoco cuentan con juzgados para analizar sus casos, lo que ha llevado al presidente estadounidense, Barack Obama, a pedir al Congreso 3.700 millones de dólares por la vía de urgencia para hacer frente a la crisis.
El dinero debería servir, primero, para atender de forma «humana» a los menores, darles refugio, comida y atención sanitaria; pero, inmediatamente después, para examinar judicialmente cada caso y devolver a sus países a los que no sean merecedores de asilo.
Una ley de 2008, aprobada bajo la Administración republicana del presidente George W. Bush, prohibió la deportación automática de los inmigrantes indocumentados menores de edad que llegaran desde países no fronterizos, como es el caso de los niños centroamericanos que cruzan la frontera mexicano-estadounidense.
El mensaje oficial recordado recientemente tanto por el vicepresidente, Joe Biden, como por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, que han viajado a Centroamérica, es que los menores serán deportados.
Pero los expertos consideran que la realidad puede ser muy diferente.
Cuando los menores son detenidos entran automáticamente en un proceso de deportación y quedan bajo tutela federal hasta que las autoridades verifican si tienen un familiar en EE.UU. con el que puedan quedarse mientras el proceso avanza a la espera de una audiencia.
Los menores son trasladados de los centros de la Patrulla Fronteriza a albergues federales donde pasan una media de 35 días, según el Departamento de Salud.
Esta agencia confirma que en el 85% de los casos los menores se reunifican con sus familias en EE.UU., mientras esperan la citación judicial.
El hecho es que las cortes de inmigración que deben decidir sobre el futuro de cada niño acumulan un retraso de 375.503 casos, según el centro de análisis Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa, que señala que el tiempo medio de espera para procesarlos es de 587 días.
El Departamento de Justicia ha anunciado que los casos de los menores serán prioritarios y ha designado nuevos jueces para las cortes migratorias. «La gente en Centroamérica tiene que ver que los inmigrantes indocumentados están regresando», dijo Johnson esta semana en el Senado.
Sin embargo, el propio Johnson reconoció que el 46 % no acude a las cortes una vez recibe la citación, y los expertos indican que los procesos se pueden dilatar más de una vez si son recurridos.
Si el Gobierno quisiera cumplir su advertencia de una rápida deportación, tendría que cambiar la ley, algo que le costaría un enfrentamiento con su propio partido, según han advertido congresistas demócratas como Luis Gutiérrez, y a lo que los defensores de derechos humanos también se oponen.
Las razones del éxodo de los niños centroamericanos, solos o con sus madres, son muy complejas, y si bien la reagrupación familiar puede ser un factor preponderante como en otras experiencias de emigración económica, lo cierto es que la violencia y el peligro de muerte también está en el origen de su huida masiva hacia el Norte.
El analista de políticas de inmigración del Center for American Progress, Philip E. Wolgin, subrayó que el incremento de menores migrantes es un «efecto directo» de una «crisis humanitaria» en la región centroamericana y que los menores deben tener atención legal para saber si puede optar al asilo.
«No es sólo inmigración a EE.UU., es un asunto regional. Las peticiones de asilo en los países vecinos como México, Costa Rica Nicaragua, Belice y Panamá aumentaron un 712 % desde 2009», argumentó citando datos de la oficina de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Es por eso por lo que los menores deberían ser tratados como refugiados, y serles concedido el asilo, por el peligro que supone que vuelvan a sus países, consideró Jennifer K. Harbury, abogada de Weslaco (Texas), una de las localidades adonde están llegando.
«Sería fatal devolver a un niño de 12 años para que sea perseguido por las maras», dijo a Efe.
Esta abogada y defensora de los derechos humanos sugirió como medida transitoria que se conceda a los indocumentados que han entrado recientemente un Estatuto de Protección Temporal (TPS), que permita trabajar a los adultos y asistir a la escuela a los menores.
«Esto evitaría un coste a la Administración», que no tendría que hacerse cargo de ellos y, según la letrada, tampoco les daría la permanencia, ya que al año tendrían que revisarse las condiciones en su país de origen, antes de decir si pueden seguir en EE.UU.
(fuente el listin diario)
