E
l procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó como «un flagelo social» el número «altamente considerable» de niñas y adolescentes embarazadas, muchos de cuyos casos son producto de delitos sexuales.
En sendas cartas enviadas a los ministros de Educación, Carlos Amarante Baret, y de Salud Pública, Freddy Hidalgo, impartió instrucciones para que en las escuelas y centros de salud, los embarazos originados por violaciones sean denunciados por ante el Ministerio Público.
Expone que su preocupación sobre los embarazos en adolescentes y la falta de denuncias por parte de las personas que tienen contacto con los mismos, así como de la correspondiente investigación que se debe seguir.
Recordó que el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, establece que los profesionales y funcionarios de las áreas de la salud, pedagogía, sicología, trabajo social y agentes del orden público, directores y funcionarios, tanto públicos como privados, tuviere conocimiento o sospecha de una situación de abuso o de violación de éstos están obligados a denunciarla ante las autoridades competentes.
«La obligación de denunciar adquiere un grado superlativo cuando se trata de médicos, profesores, consejeros escolares, directores de centros educativos o cualquier funcionario o empleado público que tenga contacto con la niña o joven afectada».
Domínguez Brito explicó que los profesionales de la salud y educación, debido al contacto que tienen con niñas y adolescentes, de conformidad con la ley, deben asumir un rol proactivo en la denuncia de los embarazos que puedan ser fruto de seducción, violación o incesto, inmediatamente tengan conocimiento de estos.
Los directores y directoras centros educativos, públicos y privados, no deberán en ningún caso, sancionar, retirar o expulsar o ejercer cualquier tipo de trato discriminatorio, por causa de embarazo de una niña o adolescente.
Asimismo, dice que deberán establecer mecanismos de vigilancia para evitar que la niña o adolescente sea discriminada por otros niños, niñas o adolescentes del centro educativo.
Advirtió que el incumplimiento de esta obligación, de acuerdo con lo establecido en el párrafo del citado artículo 14 de la Ley 136-03, conlleva una sanción de uno a tres salarios mínimos.
«La información aportada a las autoridades por el/la denunciante será tratada con la debida confidencialidad y cuidado, con el objetivo de evitar la exposición y riesgo del denunciante, así como no entorpecer la investigación que debe iniciar su curso», asegura.
En el caso de Salud Pública, expone dentro de su personal es necesario poner especial atención en los ginecólogos, los cuales deberán informar siempre que tengan contacto con una niña o adolescente que reciba en estado de embarazo.
«Desde el Ministerio Público esperamos contar con la colaboración del Ministerio de Salud Pública».
Altas Cifras
República Dominicana ocupa el quinto lugar entre los países con más alto índice de embarazos en adolescentes conforme a los datos dados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), en su informe sobre el Estado de la Población Mundial 2013. Los datos indican que en el país entre el 20% y el 25% de las jóvenes entre 15 y 19 años están o han estado embarazadas.
(fuente el diario libre)
