Loading...

Washington, D.C. ― En menos de dos semanas, el gobierno de México ha salido a condenar el asesinato de dos mexicanos desarmados, uno en Washington y otro en Texas, sumando tensión a la relación bilateral y poniendo los reflectores sobre la brutalidad policial contra las minorías.

En declaraciones a este diario, la embajada de México en Washington reiteró este jueves su condena del asesinato de Antonio Zambrano Montes, quien falleció a manos de la policía en Pasco, Washington, el pasado 10 de febrero.

Zambrano Montes, un campesino desempleado de 35 años, no llevaba arma pero un informe preliminar reveló que tres agentes policiales le dispararon 17 veces, y entre cinco y seis balas acabaron con su vida.

Su muerte, provocada después de que Zambrano Montes tirara piedras primero contra vehículos y luego contra los agentes, desató protestas callejeras contra la brutalidad policial en Seattle y en Pasco, situado en el corazón rural de Washington y donde la mitad de los residentes son hispanos.

“El Gobierno de México ha condenado enérgicamente el asesinato de Antonio Zambrano Montes a manos de las fuerzas policiales en Pasco, Washington. El consulado mexicano en Seattle ha exigido una investigación exhaustiva de este trágico incidente y ha proveído asistencia consular a los familiares” del difunto, dijo la embajada, al reiterar su misión de velar por todos los mexicanos en EEUU, “sin importar su estatus migratorio”.

El miércoles, la cancillería mexicana condenó la muerte en Grapevine (Texas) del duranguense Rubén García Villalpando, de 31 años, quien murió presuntamente a manos de la policía el pasado 20 de febrero.

Según la cancillería mexicana, la policía local esperó cuatro días antes de notificar al consulado mexicano en Dallas de la muerte de García Villalpando, en clara violación de la Convención de Viena de 1963, que exige notificación consular cuando un extranjero es arrestado o asesinado.

Al igual que en el primer incidente diez días antes, García Villalpando, mecánico de oficio,tampoco iba armado. Igual de grave es que, al parecer, la policía detuvo a García Villalpando mientras investigaba una alarma de robo que resultó ser un error.

El cónsul general de México en Dallas, José Octavio Tripp Villanueva, ha exigido al fiscal del Condado Tarrant una “investigación exhaustiva” para deslindar responsabilidades por la tragedia.

Ambos incidentes han puesto los reflectores sobre el aparente uso desproporcionado de la fuerza letal en EEUU, especialmente tras la muerte de un joven afroamericano desarmado en Ferguson (Missouri).

Chris Wilson, analista del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson, consideró lagravedad de ambos casos para la imagen de “justicia e igualdad” de las autoridades policiales de EEUU.

“Sin importar los detalles de cada incidente, el gran número de casos altamente publicitados en los que los policías matan a una persona minoritaria desarmada, ya sea negra o hispana, es un reto a esa percepción de imparcialidad. Es necesario realizar investigaciones transparentes sobre el presunto uso excesivo de la fuerza para identificar conducta indebida donde la haya y para proteger a los policías cuando sus acciones son apropiadas”, observó Wilson.

La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), que lidera una campaña contra la brutalidad policial, y otros grupos defensores de los derechos civiles, también ha exigido una investigación federal plena de la muerte de Zambrano Montes.

El Departamento de Justicia no ha respondido a esa solicitud.

Según datos del gobierno mexicano, 75 inmigrantes mexicanos han perdido la vida en incidentes policiales en EEUU desde enero de 2006. De éstos, 26 fueron a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, mientras que el resto falleció a manos de autoridades policiales locales o estatales.

Las familias de las víctimas han recibido compensación solo en nueve de esos casos, según el desglose de la cancillería.

La ciudad de Pasco ahora afronta una demanda de $25 millones por parte de la familia de Zambrano Montes, argumentando el uso excesivo de la fuerza contra un hombre desarmado.

A raíz de su muerte ―cuya persecución fue grabada en vídeos colgados en internet―, elSenado mexicano instó al gobierno de EEUU a que frene el uso de la “violencia excesiva” por parte de las autoridades.

FUENTE