California – Han pasado más de 30 años desde que la Corte Suprema de Justicia de EEUU garantizó el derecho de todo niño, sin importar su estatus migratorio, a la educación pública básica, y este jueves el Gobierno federal volvió a reafirmar ese derecho, enviando una carta a todos los distritos escolares, para recordar que todas las escuelas públicas del país tienen la obligación de cumplir con estas leyes.
La carta fue emitida conjuntamente por el Departamento de Justicia y el de Educación, y recuerda a los distritos escolares la letra de la ley, las decisiones y reglamentos en las que se basa y el tipo de documentación y requisitos que pueden y no pueden solicitar a los estudiantes o sus padres para su inscripción en un plantel.
El procurador general de la nación Eric Holder explicó que a pesar de haber emitido directivas anteriores, el Gobierno ha seguido recibiendo quejas sobre distritos en los que se piden documentos que tienen “un efecto amedrentador” en padres y estudiantes.
“Dichas políticas y acciones no sólo perjudican a niños inocentes sino que debilitan a nuestra nación, tal y como lo reconoció la Corte Suprema en Plyler (1982), dejando a jóvenes sin preparación para contribuir en el que a menudo es el único país que han conocido”, dijo Holder.
La misiva señala, por ejemplo, que aunque una escuela puede pedir pruebas de residencia a los solicitantes de admisión, el estatus migratorio del estudiante o los padres no tiene relevancia alguna a la hora de establecer el requisito de residencia (que no toda escuela aplica).
Documentos como recibos de gas o agua deberían ser aceptados y se recomienda “revisar la lista de documentos que se piden y asegurar que ésta no disuade a un estudiante indocumentado o a sus padres en su intención de asistir a la escuela”.
También se indica que la escuela no puede negar inscripción escolar a un estudiante que no tenga un certificado de nacimiento o que tenga uno extranjero, o que no proporcione un número de Seguro Social.
“Si el distrito decide pedir el número de Seguro Social, debe informar que se trata de información voluntaria y explicar la necesidad y el uso que se dará a dicho número”, señala la carta.
Aplauden la medida
Organizaciones de derechos civiles elogiaron este jueves la acción del Gobierno federal de enviar esta carta y reafirmar que se aplicará todo el peso de la ley contra distritos o escuelas que no la cumplan.
“Esta guía reafirma un principio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la nación desde hace 30 años: todos los niños que viven en este país tienen igual derecho a la educación pública. Todos los distritos deben cumplir con esta guía”, dijo Joanne Lin, asesora legislativa de la Unión de Libertades Civiles ACLU.
Buena parte de las denuncias en torno a prácticas ilegales que limitan el acceso escolar a niños inmigrantes o hijos de inmigrantes se han dado recientemente en el sur de los Estados Unidos. En Alabama, las cortes detuvieron una ley que requería a las escuelas públicas verificar el estatus migratorio de los escolares.
El Centro Legal Anti Pobreza del Sur (SPLC) intervino recientemente en Fort Payne, Alabama, y en Jefferson Parish, Louisiana, cuando autoridades escolares pusieron trabas a la inscripción de niños latinos y extranjeros.
Fuente:EldiarioNY
