Santo Domingo –La organización Human Rights Watch denunció en un informe que “decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana continúan en una situación legal indefinida, sin posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales”.
“La situación aún no se ha resuelto, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para solucionarla”, planteó la organización en el informe titulado “Somos dominicanos, somos dominicanas: Privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana”, difundido por el subdirector ejecutivo de Human Rights Watch para América, José Miguel Vivanco, durante una rueda de prensa en un hotel de esta capital.
“La República Dominicana le está negando el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos y, a pesar de mensajes contradictorios, las autoridades están deteniendo a personas y expulsando hacia el otro lado de la frontera”, dijo Vivanco, quien encontró la reacción airada de algunos periodistas que cubrieron la rueda de prensa.
“El gobierno debe cesar inmediatamente de expulsar a dominicanos de ascendencia haitiana y debe garantizarles sus derechos”, sostuvo.
Indicó que Human Rights Watch investigó el tema entre febrero y mayo de 2015 y entrevistó a más de 100 víctimas, líderes comunitarios, juristas, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones de derechos humanos.
“Human Rights Watch documentó más de 60 casos en los cuales dominicanos de ascendencia haitiana fueron detenidos arbitrariamente, y en ocasiones enviados por la fuerza a Haití, a pesar de contar con la documentación dominicana adecuada”, insistió.
Aseguró que también constató cientos de casos de dominicanos de ascendencia haitiana que aún no pueden ejercer plenamente derechos como ciudadanos dominicanos.
Recordó que en 2013 el Tribunal Constitucional le “quitó en forma sumaria la ciudadanía a decenas de miles de dominicanos, sobre la base de una interpretación retroactiva de la ley de nacionalidad del país”.
Sostuvo que la ley de naturalización que impulsó la gestión del presidente Danilo Medinasólo trató de mitigar el impacto de la sentencia del Constitucional.
“Si bien las iniciativas de naturalización impulsadas por el gobierno han sido positivas, el gobierno debe exigir que cesen las expulsiones y las amenazas indiscriminadas mientras subsana las deficiencias del proceso”, indicó.
“Nada que ocultar”
En otro orden, el ministro de Interior y Policía, José Ramón (Monchy) Fadul, aseguró que República Dominicana recibirá la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que viene a supervisar las repatriaciones de haitianos porque “nunca ha habido nada oculto”.
“El país está abierto para que todos los organismos de la comunidad internacional que así lo deseen, visiten el país, ya que no existe ningún impedimento para ello”, dijo Fadul con respecto al anuncio del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
“El país no tiene nada que ocultar, porque aquí lo que se ha hecho es aplicar nuestra ley migratoria como lo hacen todos los países del mundo y en esa materia, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer: regular la situación de todas las personas que estaban aquí ilegalmente”, insistió.
