SANTO DOMINGO. Comenzaron las acciones en procura de revocar la sentencia que anuló los títulos de propiedad expedidos a favor de particulares en miles de metros cuadrados de terrenos en Bahía de las Águilas.

El político Puro Pichardo Fernández, a favor de quien fueron emitidos títulos de propiedad en la zona, interpuso un recurso de apelación, solicitando al Tribunal Superior de Tierras que declare la nulidad de la sentencia emitida el 25 de agosto por la jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional, Alba Beard Marcos.

Persigue que se mantenga con toda su vigencia los certificados de títulos 1705 y 28, del 6 de agosto y el 2 de noviembre de 1996, expedidos a su favor por el Registro de Títulos de Barahona. Una petición similar procura Manuel de Jesús Carvajal Sánchez, quien pide que sean acogidas en todas sus partes las transferencias de las parcelas 215-A-47 y 215-A-48, del Distrito Catastral No.3, así como la 215-A-65, y que sean rechazados los fundamentos jurídicos del Estado. Mientras que José Altagracia Marrero Novas, José Ciprián de San Martín y Santo Eusebio Matos, consideran que carece de fundamento la demanda de nulidad de los títulos correspondientes a las parcelas 215-A-1, 31, 36, 37, 38, 51, 52 y 53, incoada por el Estado, por lo que a su juicio procede revocar la sentencia.

La decisión de la magistrada plantea que en el caso hubo un concierto de voluntades con la intención de apropiarse de forma fraudulenta de millones de metros cuadrados de terrenos a orillas del mar, para obtener ventajas económicas. En una sentencia de 296 páginas, declaró nulos los certificados de títulos de propiedad.

Rechazó acoger el desistimiento de la acción que procuraba anular los derechos registrados y la persecución penal, presentado en agosto del 2004 por los entonces procurador general de la República, Víctor Céspedes Martínez, y Abogado del Estado, Elpidio Ramírez.

Los trámites

La sentencia de la magistrada destaca que el oficio 107-90, mediante el cual fue realizado un asentamiento en la parcela 215-A, realizado por el ex director del IAD, Jaime Rodríguez Guzmán, en diciembre de 1995, carece de validez y efecto jurídico, “por tanto debe ser cancelado”. Dice que pudo comprobar que al hacer esa solicitud, procuró con ello “darle apariencia de voluntad estatal”, puesto que puede realizar este tipo de actos siempre que esté autorizado por el Presidente de la República.

Fuente:DiairoLibre