SANTO DOMINGO, RD.- Cuando la gente empezó en sus vecindarios a reforzar con barrotes de metal las puertas y ventanas de sus hogares, cubrirlos de tajantes trozos de cristales, alambres de púas o de trincheras sobre el tope de paredes, comprar alarmas y pagar servicios de vigilancia, cada casa en esas condiciones parecía, al final, una prisión familiar, reflejando así la gravedad del problema que más afecta ahora a los dominicanos: la inseguridad.
El 2014, un año duro para las esperanzas de paz de los ciudadanos, ha sido clave para forjar los mecanismos de búsqueda del sosiego.
El flagelo de la delincuencia se ha extendido tanto que ya no hay clase ni estratos inferiores que se libren de sus ataques. Ricos, clase media y hasta los más empobrecidos están pagando igual precio.
Bajo un azote cruel que no distingue entre hombres y mujeres, niños y ancianos, atacando sin cesar, matando, hiriendo, asaltando, secuestrando, y una ratería epidémica desvalijando viviendas, la falta de seguridad ha tocado hondo y llevado al grado de la resignación a mucha gente, algunos forzados a abandonar sus casas y espacios sociales, vender sus bienes y hasta abandonar el país.
Desde las ciudades más pobladas hasta pueblos más pequeños, barrios marginales y aldeas rurales, el momento de sobrevivir o morir llegaba en cualquier momento por un ataque de la delincuencia, mientras las autoridades lucían a veces superadas por la embestida de este mal.
Hace tiempo venían enfrentado el problema con fuertes esquemas de seguridad, exhibiendo una rápida movilización de agentes de la Policía y del Ejército. Sus choques eran frecuentes contra delincuentes, que ya no temen a las fuerzas del orden público. Por eso, los muertos son cosa común entre uno y otro lado, aunque la peor parte la sufre el individuo al margen de la ley.
Aun con los hechos a la vista de una comunidad que sufría esto, las autoridades seguían dando cuenta de que la delincuencia iba a la baja, aunque siempre refutado por el cúmulo de denuncias de los ciudadanos.
Durante años, la delincuencia común y los grupos del narcotráfico que generan violencia e inseguridad han controlado, sin oposición, amplias franjas de campos y ciudades dominicanos.
Así, con ese grave problema de seguridad ciudadana gravitando sobre el país, la fuerza pública encargada de imponer la ley y el orden bajo asedio de los criminales, delincuencia, una ratería incontenible y la expansión sin límites de las drogas, las comunidades empezaron a levantarse con resolución a reclamar protección a sus vidas.
Casi a punto de la resignación de la gente, el Gobierno respondió con una Plan de Seguridad Ciudadana que prometía recuperar la convivencia, erradicar la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, libre de miedo y terror.
El Plan presentaba una radiografía sobre los principales problemas de seguridad que afectan a los ciudadanos.
El país se preparaba para una campaña de represión y prevención del delito, augurando el apoyo de la población.
En marzo del año 2013, el Gobierno dio a conocer su Plan, que incluye una reforma policial, la implementación del Sistema Integrado de Emergencias 9-1-1, el programa de prevención “Vivir Tranquilo”, el plan para el registro y control de motocicletas, un sistema de seguridad vial, la estrategia para el control de drogas, medidas de refuerzo a través de la Procuraduría General de la República, un plan para el registro y control de armas y un observatorio de la violencia.
El proyecto involucra a la Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Autoridad Metropolitana de Transporte, el Ministerio de Interior y Policía y al Ministerio Público.
En la ocasión, el presidente Danilo Medina, preocupado por los niveles alcanzados por el crimen, la violencia que abatía a la nación y los gritos diarios de la gente que temía salir de sus hogares para evitar un asalto o la muerte, advertía de que “la batalla por la seguridad ciudadana no la puede vencer un Presidente solo ni un gobierno”, por lo que apeló a la ciudadanía para que se haga copartícipe.
Medina hizo una advertencia a la población, tras pedirle su apoyo en este esfuerzo, exhortándole a colaborar, “para que con la desidia y la indiferencia no se conviertan en cómplices silenciosos del dolor de las familias”. Justamente un mes después de inaugurado el Plan, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que de entre 47 países clasificados en la categoría de Desarrollo Humano Medio, República Dominicana estaba entre las seis naciones con la percepción más baja en seguridad ciudadana. Sólo 38% de la población se considera segura y 15% dice tener confianza en las personas.
Para las autoridades, había llegado el momento para el combate resuelto contra la violencia, robos y asaltos comunes, el microtráfico y bombardeo de drogas, fortaleciendo los frentes preventivos, campañas de concienciación sobre estos peligros, y el represivo, recuperando espacios públicos y atrapando a los infractores.
Política anticriminal del Estado
Las autoridades siguen una política antidelictiva sobre la base de aplicar más penas, de larga duración, mano dura a la delincuencia y la criminalidad, que implica llevar más delincuentes a las cárceles, integrar más policías y patrullaje, hacer campañas publicitarias para algunos delitos.
En su aplicación, agencias del sistema penal del país, como la Policía y el ministerio público, han sido reiterativas en advertencias como aplicar “mano dura”, o “cero tolerancia contra el delito”, de lo que se asegura ha sido causante de muertes en intercambios de disparos, violaciones de derechos humanos, muertes de inocentes, identidad y arresto de individuos sin vínculos reales con el delito y persecución de ciudadanos que luego se comprobó su inocencia.
En las primeras acciones, miles de soldados y policías fueron enviados a patrullar las calles, con dos mil agentes adicionales y servicio de camiones, camionetas y cientos de motocicletas, en un despliegue sin precedentes que acaparó los titulares de portadas de los medios impresos y ganó los puntos principales de las agendas de otros medios de comunicación. El Plan acordó integrar a 180 barrios. La gente aprobó la medida y se empezó a percibir más seguridad.
Primeros espacios de acción
El plan inició en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia, cinco provincias donde habita 53% de la población y se registra 64% de los delitos y crímenes del país. Un informe reciente de la Policía asegura que la tasa de delincuencia ha bajado de 22% por cada 100,000 habitantes a 17.2% por cada 100,000.
(1) Pausas y golpes
Percepción) Aun cuando las autoridades afirman que la delincuencia está bajo control, la percepción de inseguridad sigue latente, lo que contradice las estadísticas, conforme a las denuncias y quejas de la gente en los vecindarios más castigados por el flagelo.
(2) Atrapados en círculo vicioso
Altibajos) Si bien se producen niveles de altibajos en el problema delictivo, con unos vaivenes que en ocasiones dan la impresión de mejoras en la seguridad, el círculo vicioso de este fenómeno se repite con un repunte despiadado del problema.
(3) Logros notables del Plan
Avances) El sistema 9-1-1, cuya incidencia comprende, en su primera fase, al Gran Santo Domingo, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, Pedro Brand y Boca Chica, Guerra y Los Alcarrizos, ha sido el instrumento más exitoso entre las bondades del Plan de Seguridad. La inversión de recursos económicos para compra de equipos de transporte y comunicación ha dado sus frutos. También ha sido un aporte de valor el mecanismo de enlace e intercomunicación entre las agencias de inteligencia militar y civil del Estado.
El rol de los soldados en su labor de patrullaje, como auxilio a la Policía, ha sido otro factor de primer orden para la buena marcha del programa. El apoyo sin reservas del presidente Danilo Medina ha sido un estimulante para la conservación del Plan.
