El juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno ordenó hoy la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exlíderes comunistas chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad en el Tíbet.
De esta manera, el juez cumple con el proceso establecido, ya que la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le instó en noviembre pasado a que cursara las ordenes de detención de los cinco.
«Jiang Zemin ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana», señala la querella que ahora el juez reproduce en el auto para decretar la prisión del expresidente.
Además de la detención de Jiang, el juez ordenó, vía Interpol, la detención de Li Peng, primer ministro chino a finales de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Pelyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80 del siglo XX.
Los cinco se encuentran en paradero desconocido, indica el juez en los respectivos autos en los que decreta su busca y captura y su orden internacional de detención.
Las órdenes de detención de los exdirigentes chinos, que causaron en noviembre un «fuerte malestar» en el gobierno de China, se producen un día antes de que el Congreso de los Diputados español debata una proposición para restringir las condiciones en las que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional.
De aprobarse esta propuesta de ley, afectaría a este caso, en el que la querella fue interpuesta por dos asociaciones y un lama con nacionalidad española.
Según la querella, que el juez reproduce en los autos, Jiang Zemin, quien fue presidente de China entre 1993 y 2003, «sometió a los tibetanos de forma indiscriminada a políticas de planificación familiar forzosas que incluían la práctica extendida de abortos y esterilizaciones forzosas».
Respecto al ex primer ministro Li Peng, explica que él y el Consejo de Estado «emitieron los decretos de la ley marcial para el Tíbet en marzo de 1989» y fijó, tras la muerte del X Panchen Lama, las condiciones para elegir uno nuevo líder religioso bajo la aprobación del gobierno de Pekín.
En cuanto al exministro Peng Pelyun, la querella que ahora reproduce el juez recuerda que las políticas de planificación familiar en el Tíbet «no van dirigidas a reducir una sobrepoblación, sino simplemente a reducir la población de los tibetanos como grupo étnico y religioso».
Sobre el ex jefe de seguridad Qiao Shi, los querellantes recuerdan que es conocido por facilitar «la enorme represión de toda China tras la masacre de Tiananmen» y en el caso del Tíbet, tuvo que ver en la represión de manifestaciones con muertos y heridos.
Bajo el gobierno de Chen Kuiyuan como ex secretario del Partido Comunista en el Tíbet, «las desapariciones aumentaron enormemente» y «la represión y las fuertes restricciones sobre la actividad religiosa se desbocaron y se expulsaron del partido a numerosas personas de etnia tibetana», señala el auto del juez en base a las alegaciones de los querellantes.
(fuente el listin diario )
