La jueza de la Octava Sala del Tribunal de Tierras aplazó, para el 5 de mayo de 2014, la audiencia para conocer del proceso de Bahía de las Águilas.La magistrada Alba Beard dijo que “no le toma raya a nadie” y que actuará conforme a la ley. La audiencia inició pasadas las 9:00 de la mañana y concluyó a las 2:30 de la tarde. Los abogados se mantuvieron de pie por la falta de sillas en la sala. Tras los pronunciamientos de algunos togados alegando que la jueza estaba parcializada, ésta reaccionó y dijo que “yo no le tomo raya a nadie porque yo no soy guardia ni policía, por tanto, yo estoy sujeta sólo a la ley y la Constitución”.
Alba Beard continuó diciendo que “en ningún proceso veo apellidos ni nombres ni caras. Eso me es indiferente, yo veo el derecho y se lo doy a quien entiendo que lo tiene”. Reveló que a ella la trasladaron del Tribunal de Tierra porque le rechazó un deslinde al expresidente de la Suprema Corte de Justicia. “¿Y por qué yo tengo que acogerle si usted no cumplió?, ¿porque usted es el presidente de la Suprema? No, se equivocó”, argumentó.
El murmullo se sintió en la sala, y algunos abogados dijeron que estaban asustados por ver al procurador, Francisco Domínguez Brito, sentado en un lateral del estrado. “Él no debería estar ahí arriba”, dijeron.
El aplazamiento de la audiencia se realizó a fin de que se regularicen intervenciones, tomar conocimiento del expediente y presentar escritos de defensa. Los demandados se hicieron representar por 48 abogados, mientras que el Estado tenía unos doce.
Ordenan a Estado hacer planos
“Que el Estado dominicano haga un levantamiento y realice los planos correspondientes exclusivamente sobre las superficies que pretende y argumenta que los certificados de títulos emitidos a favor de particulares son nulos”, dispuso también la jueza. Invitó a los demandados y ocupantes a realizar sus propios levantamientos y planos particulares.
Para tales fines las partes tendrán un plazo de 60 días y ordenó que luego de esos levantamientos la Dirección de Mensuras Catastrales realice una inspección a dichos trabajos y la deposite en el tribunal para lo cual tendrá un plazo de 90 días.
A los fines de sustanciar el proceso y en respuesta a una queja generalizada de los abogados, de que no conocían con exactitud las pretensiones del demandante, el tribunal también ordenó de oficio que el Estado, a través de sus abogados, realice sus escritos motivados con relación a sus pretensiones, para lo cual le dio un plazo de 15 días. Dicho documento deberá ser depositado en la secretaría del tribunal para que los demandados y los intervinientes tomen conocimiento. Lo propio hará la parte demandada con sus escritos de defensa en el mismo plazo.
En tanto, Rafael Helena recusó a la jueza alegando que estaba parcializada con el Ministerio Público y que su designación para conocer el caso es irregular. La jueza no aplazó la audiencia porque, según indicó, la recusación aún no ha sido admitida.
Paralización de registros en Barahona
La jueza ordenó la paralización de cualquier operación técnica que se esté realizando o por realizar frente a la Dirección General de Mensuras Catastrales con la finalidad de que las parcelas resultantes al día de hoy no varíen sus designaciones. Además que el registrador de título de la provincia de Barahona y cualquier otro concerniente a las parcelas involucradas en el proceso se abstenga de realizar cualquier transferencia, anotación y/o inscripción proveniente de las partes involucradas en el litigio por la adjudicación irregular de los terrenos de Bahía de las Águilas.
FUENTE: Elcaribe
