Además de mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios municipales, las autoridades que se instalen en el cabildo del Distrito Nacional, a partir del 16 de agosto, tendrán que abocarse a la concertación, la descentración de las decisiones, abrirse a la participación de todas las fuerzas que se mueven en su entorno y garantizar la gobernabilidad a partir de un plan estratégico para los próximos cuatro años.
Expertos en el tema municipal entienden que el alcalde electo David Collado tiene el reto de enfrentar aspectos básicos de una gestión que debe dar respuestas a problemas como la basura, el drenaje pluvial, el tránsito, la inseguridad, las construcciones, los arbitrios, mejoría de calles y avenidas, el empleo, los mercados, cementerios y otros. Pero también elementos estratégicos o de visión de desarrollo como la concertación, mejores ingresos, mancomunidad, participación, transparencia, recuperación de la autoridad y un plan con línea programática que garantice el desarrollo del Distrito.
El urbanista Erick Dorrejo considera que David Collado debe articular las fuerzas que inciden en el cabildo y definir una hoja de ruta para los próximos cuatro años. Dice que lo mismo deben hacer los demás ayuntamientos porque de lo contrario habrá contrapeso no sano. “Estamos viendo desde antes de asumir que los ánimos están crispados entre las distintas fuerzas políticas. Ya nos están adelantando que hace falta concertar y para concertar hace falta tener sobre la mesa un plan para asegurar el éxito”, explica.
Un plan de reordenamiento territorial es otro de los desafíos que deberá enfrentar Collado para los usos de suelo y recomienda que se ponga de acuerdo en los primeros meses de su gestión porque con ellos se garantizaría que desde ahora se pueda ver cómo terminaría la gestión de cara al 2020.
Domingo Matías es un especialista en el tema municipal y considera que la gestión de las próximas autoridades del Distrito Nacional deben evitar la personificación del poder y que la ciudad se gobierne de manera que responda a una alianza con la sociedad, que a su entender, es la que le da la legitimidad y sustenta la democracia.
“El nuevo ayuntamiento tiene que cuidar la selección de su personal para áreas sensibles en materia de transparencia como Planeamiento Urbano, Jurídica, Inmobiliaria, Compras y Contrataciones, son áreas muy estratégicas porque tienen un gran impacto en la transparencia y la calidad de los servicios”, dijo.
Coincide con Dorrejo en que el tema del uso de suelo debe ser una prioridad por la falta de transparencia en la aplicación de las normativas y que afecta a la comunidad porque se ejecutan proyectos de infraestructuras que no cumplen con los requisitos.
Matías entiende que Collado deberá aplicar el artículo 236 de la Ley 176-07 sobre Presupuesto Participativo, que establece que el 40% de las transferencias que se reciben del Presupuesto Nacional deben ser destinados a la inversión y gasto de capital.
Entre los problemas que hereda Collado, están los de impacto directo en los munícipes como las rutas y frecuencia en la recogida de los desechos sólidos; el drenaje pluvial, que queda en evidencia cada vez que llueve; el descuido y falta de política para los cementerios, la falta de higiene y orden en los mercados; el caos en el transporte público, los mercados de pulgas y la movilidad vehicular. También la desarrabalización del entorno de la Duarte con París y la José Martí y el Mercado de la Duarte, dos proyectos que implican una inversión de unos 800 millones de pesos y que el presidente Danilo Medina se comprometió el año pasado a resolver junto al alcalde saliente.
Las profanaciones de tumbas, la escasa vigilancia, el descuido en la limpieza y la inseguridad en los cementerios son otros problemas pendiente de solución.
El Ayuntamiento tiene el reto de recobrar su autoridad en materia del control del tránsito, el transporte y regular el crecimiento vertical de la ciudad que implique más exigencias de parqueos a los constructores, respeto a los espacios públicos y al derecho de los vecinos. Junto a los demás cabildos, tiene el reto de exigir el cumplimiento de la ley 166-03 que en su artículo 3 establece que el Poder Ejecutivo debe entregar a los cabildos el 10% de los ingresos del Estado; en la actualidad el monto fluctúa entre 2.5% y 3%.
Los gobiernos central y municipal están compelidos a diseñar y ejecutar políticas que garanticen la seguridad ciudadana para que la gente pueda caminar por las calles y disfrutar de su entorno sin el temor de ser asaltado por los delincuentes.
