DAJABÓN. El director ejecutivo del programa Solidaridad Fronteriza (SF), reverendo jesuita Regino Martínez, declaró que el Estado pierde anualmente más de RD$7,300 millones por no resolver la situación de los inmigrantes ilegales haitianos, y confirmó que en el trasiego de los haitianos existe un negocio en el que se benefician desde autoridades militares, policiales y los denominados poteas, motoconchos hasta algunos dueños de fincas agrícolas.
“Eso lo sabe todo el mundo, que existe el trasiego de haitianos ilegales, y que es un negocio redondo, donde se comienza repartiendo dinero desde que se pasa el portón hasta que se termina en los puntos de chequeos”, declaró a este diario el reverendo Martínez.
Asimismo, denunció que en el país se violan las leyes, no sólo sobre la regularización de los extranjeros, sino la 169 y de la misma Constitución de la República. “Qué tú puedes esperar abajo, que no sea el desorden, el caos y la anarquía, cuando aquí el Presidente de la República sólo escucha a los Vincho y al presidente de la Junta Central Electoral, que hace lo que le da la gana”, subrayó más adelante Martínez.
Al analizar la situación con los inmigrantes haitianos y el Plan de Regularización que desarrolla el Gobierno, Martínez criticó que en ninguna de las provincias fronterizas, a excepción de Dajabón, haya una oficina para atender a los miles de haitianos que merecen ser tratados en ese aspecto.
Dijo, además, que la presencia haitiana en territorio dominicano no es un asunto de repente, es algo tradicional y de muchos años.
Según Martínez, hace muchos años que la producción de bananos, vegetales, frutas y predios arroceros son atendidos o cultivados entre el 85% y 90% por manos haitianas.
Del mismo modo, citó que la ganadería y la construcción están en más del 85% cubiertas por manos de origen haitiano, ya que cruzan la frontera o que nacieron en territorio dominicano.
Cura enfrenta alcalde
El reverendo Eladio Hernández, cura-párroco de la parroquia San Lorenzo Marte, del municipio Guayubín, respaldó totalmente las declaraciones del sacerdote Regino Martínez, y afirmó que es incierto que en esta localidad existan barrios enteros de haitianos ilegales, como denunciara recientemente el alcalde Samuel Toribio.
Dijo que en la mayoría de las fincas bananeras, de plátanos y otros frutos menores, la presencia haitiana supera en más del 80% a la mano de obra dominicana.
“Lo que los periodistas y medios de comunicación debieran cuestionar no es la masiva presencia haitiana, sino cómo llegan hasta nuestras comunidades”, precisó el sacerdote Hernández.
Denunció que cada haitiano, para llegar desde Dajabón hasta un municipio como Guayubín, Montecristi, Villa Vásquez o Navarrete, paga entre RD$3 mil, RD$2,000 y RD$2,500, y ese beneficio no lo obtiene sólo el motoconchista, sino que se queda entre los vigilantes y los puestos de chequeos.
Aseguró que en Guayubín, los propietarios de fincas prefieren la mano de obra haitiana porque es más barata que la nacional.
