El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, respondió esta semana a la huelga indefinida de médicos organizada contra la ley que permite la contratación de extranjeros que suplan la falta de especialistas en el país, sancionándola.
La decisión de Martinelli sorprendió a quienes esperaban una marcha atrás, como las que ha dado anteriormente cuando una iniciativa legal ha creado conflictos sociales, y a los que preveían mayores concesiones -aunque hubo algunas- al sector de los médicos huelguistas para hacerles desistir de su postura.
Aunque el anuncio del presidente no sofoca la protesta de los que se oponen a la llegada de médicos extranjeros, la decisión parece coherente con el plan que Martinelli puso en marcha desde el comienzo de su gestión, es decir, la descentralización de los servicios de salud con la creación de nuevos hospitales y la modernización de otros en las provincias del interior del país.
Dicho plan también requiere la cobertura de plazas médicas en zonas rurales, la contratación de personal capacitado que se haga cargo del funcionamiento de equipo sofisticado y también un mayor número de especialistas que trabajen para la sanidad pública.
La Administración de Martinelli planea haber invertido al concluir su gestión, en julio próximo, más de 2.600 millones de dólares, incluida la construcción de cinco hospitales y 20 centros de atención primaria, además de la Ciudad Hospitalaria.
El gobernante también se queja de la politización de este asunto, tras la entrada en el debate de los principales candidatos de la oposición de cara a las elecciones del próximo año.
Los médicos huelguistas, por su lado, insisten en que los planes de Martinelli para la contratación «masiva» de especialistas extranjeros esconden la pretensión de privatizar la sanidad pública, algo que, según insiste el Gobierno, no sólo no es cierto, sino que tampoco aparece por ningún lado en la ley aprobada.
«Para evitar suspicacias de cualquier tipo, les digo (…) que la Ciudad Hospitalaria, que es la mayor obra de salud de nuestra historia, no será privatizada. Como no será privatizado ningún servicio de salud», dijo Martinelli en su discurso a la nación el pasado 2 de octubre poco antes de sancionar la ley.
El gobernante se refería al principal proyecto hospitalario de su gestión, que construye la española FCC por 587,5 millones de dólares, un complejo que contará con medio centenar de quirófanos, más de 1.700 camas y ofrecerá todos los servicios especializados, incluido centro de diagnósticos y quirúrgicos de última generación.
Lo que había levantado las suspicacias de los médicos era un acto administrativo aprobado anteriormente y que buscaba «concesionar los servicios de la Ciudad Hospitalaria», una iniciativa que el mandatario anunció que había pedido dejar sin efecto.
«Privatización existía de hecho antes, cuando los servicios eran tan malos que la gente tenía que ir a las clínicas privadas para recibir atención», dijo el mandatario, que se quejó de la falta de especialistas en la sanidad pública y de médicos en áreas rurales.
Esta ley se viene gestando desde hace más de un año, por lo que sorprende la afirmación de los médicos en huelga, cuyo número nunca se ha aclarado, de que no ha sido lo suficientemente debatida.
Ya en su viaje a España en julio pasado, el ministro panameño de Relaciones Exteriores, Fernando Núñez Fábrega, como anteriormente había hecho su colega de Salud, Javier Díaz, pidió ayuda para la formación de médicos y la aportación de especialistas que requiere el desarrollo del sistema sanitario de Panamá
También ha habido acercamientos similares con las autoridades de Salud de Cuba, Colombia, Argentina, México o República Dominicana.
El gobierno panameño analiza ya los expedientes de 22 médicos extranjeros, especialmente de España, Cuba y República Dominicana, para su contratación temporal -en principio un año- para cubrir vacantes en áreas de difícil acceso de las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Darién, Colón, Veraguas, Los Santos y Herrera.
Las autoridades han dejado claro que una vez que el Gobierno autentifique los expedientes de los extranjeros, será el Consejo Técnico de Salud, con el aval del Colegio Médico, el que verifique que cumplen los requisitos para ejercer en Panamá, otra de las preocupaciones de los médicos en huelga desde el 26 de septiembre.
La ley establece que las plazas vacantes serán adjudicadas en primer lugar a los médicos panameños, que de no haber nacionales interesados serán concedidas a profesionales y técnicos extranjeros, y que éstos serán contratados por un periodo de un año prorrogable.
El salario devengado por los profesionales y técnicos extranjeros será especificado en el contrato y nunca será mayor que el mínimo básico devengado por un profesional panameño por igual función.
Asimismo, los médicos extranjeros no podrán gozar de beneficios de estabilidad, ascensos, indemnización en el caso de despido, jubilación o pensiones especiales, sobresueldos y otros que la ley otorga a los profesionales panameños.
Ahora falta por ver si la «masiva» llegada de médicos de fuera, como temen los huelguistas, se convierte en realidad, en algo que parece difícil a tenor de las duras condiciones ofrecidas a los extranjero.
(FUENTE LISTIN DIARIO)
